Pendiente desde hace nueve meses en el Senado, la reforma constitucional que crea la Comisión Anticorrupción, está a punto de destrabarse y, todo indica que hay un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas y la próxima semana se aprobará el dictamen en comisiones.

Los trabajos en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de crear esa comisión que habrá de sustituir a la Secretaría de la Función Pública están avanzadísimos, comentó el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa. Se trata de una iniciativa del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, que los partidos Revolucionario Institucional y el Verde hicieron suya y presentaron en noviembre del 2012 en el Senado.

Limitaciones

Sin embargo, desde un principio, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD consideraron que la iniciativa era limitada, ya que sólo permite al nuevo organismo anticorrupción aplicar sanciones administrativas y no penales.

Los senadores que dictaminan acordaron entonces darle mayores facultades a la Comisión, pero el PAN insistió en que debía ser una fiscalía independiente de la Procuraduría General de la República (PGR), a lo que se opuso el gobierno de Peña Nieto y ello trabó la discusión varios meses.

Barbosa reveló que ya hay acuerdo en que esa Fiscalía, dependa del Ministerio Público federal, ya que será la responsable de aplicar sanciones penales a servidores públicos que incurran en desvío de recursos públicos y otras irregularidades.

Para desagregar o dividir el monopolio de la acción penal, con miras a que no lo ejerza sólo el Ministerio Público, implica reformar todo el sistema constitucional y el PRI no está dispuesto a ello.

Explicó que el titular de esa Fiscalía Anticorrupción será ratificado por el Senado, aunque se analiza la posibilidad de que lo nombre directamente.

Adelantó que hay consenso en que la Comisión Anticorrupción no sea unipersonal, sino que tenga tres integrantes y facultades de investigación y persecución de servidores públicos e incluso particulares –por ejemplo contratistas– que incurran en ilícitos, ello en los tres niveles de gobierno.