Chilpancingo, Gro. 5 de julio.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) denunció que continúa siendo hostigada por parte de los gobiernos federal y estatal, que han decidido endurecer su trato contra nuestros pueblos e institución comunitaria.

En un comunicado firmado por las cuatro casas de justicia de esta coordinadora, acusó que nuestros compañeros son objeto de retenciones, secuestros, desarmes y presiones de las autoridades.

Rechazó las declaraciones del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el secretario de Gobierno, Florentino Cruz, quienes nos culpan de la mala imagen que nuestra entidad muestra al país y al mundo, tratando de lavarse las manos.

La CRAC-PC expuso que “son las malas políticas públicas –la corrupción, impunidad, exclusión, represión, despojo, tolerancia y complicidad con la delincuencia– prácticas propiciadas por la clase en el poder.

El derecho a organizarse y decidir construir un sistema de seguridad y justicia propio de los pueblos es política; alzar la voz cuando se está cometiendo una injusticia, como lo hacemos al apoyar a otros movimientos y luchas como la magisterial y la de los normalistas de Ayotzinapa, es política, subrayó.

“Si (Ángel Aguirre) se refiere a que no nos metamos a la política sucia, electoral o electorera, como lo dijo antes, que ‘para esos están los partidos’, estamos de acuerdo”, agregó.

En cuanto a lo dicho por el secretario de Gobierno, de que la CRAC pretende hacer una justicia privada al servicio de quien pueda pagarla, los policías comunitarios señalaron que el funcionario muestra su desconocimiento sobre el tema.

La justicia que hace la CRAC desde febrero de 1998 es una justicia del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Las faltas (no delitos), el proceso de investigación, las sanciones (no castigo), el proceso de reducación de los detenidos (no delincuentes) está reglamentado, puntualizó.

Rechazamos desde ahora la intención de 'reglamentar' la vigilancia comunitaria. Nosotros estamos reglamentados por nuestros pueblos y comunidades. Exigimos respeto, sostuvo.

Enfatizó que nuestro actuar ha sido legal desde siempre, se sustenta en leyes estatales como la Ley 701, los artículos 2 y 39 de nuestra Carta Magna y diversos instrumentos internacionales. El problema de nuestro país y del estado no es falta de leyes, sino su cumplimiento.

La CRAC-PC llamó al mandatario y a funcionarios estatales y federales a rectificar su visión y su posición acerca de la policía comunitaria.

Reiteramos que no somos lo mismo que los grupos de autodefensa y por lo tanto exigimos que no pretendan darnos el mismo trato. Demandamos un trato digno y diálogo franco, para construir acuerdos serios que nos hagan avanzar.