El jueves pasado salió de prisión el indígena mixteco Roberto Pastrana Reyes, quien pasó cinco años en la cárcel sin sentencia formal acusado de privación ilegal de la libertad y abuso sexual, por no cubrir la dote que le pidió la familia de su novia para casarse.

Fernando Hernández Banda, integrante del colectivo Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), detalló en entrevista que Pastrana logró alcanzar su liberación luego de que se comprobara la existencia de faltas graves al debido proceso.

El indígena, originario de la comunidad de Buenavista, fue recluido en diciembre de 2008 en el Centro de Readaptación Social de Tlapa de Comonfort, luego de que la familia de su pareja sentimental lo acusara de haberla secuestrado y violado.

Pastrana y su novia habían acordado vivir juntos para después casarse, pero la familia de ella se opuso, explicó Hernández. Ambos huyeron, pero fueron localizados de inmediato y los padres de la mujer prohibieron la relación.

Sin embargo, añadió el activista, accedieron a ponerle como condición para el matrimonio que el indígena aportara una dote consistente en 40 cajas de cerveza, 40 de refresco, dos vacas, 40 mil pesos y una fiesta con conjunto musical, lo cual era difícil de cumplir para él porque trabajaba como jornalero agrícola y sus ganancias eran muy pocas.

Pastrana Reyes no se negó a entregar la dote, sino que pidió que le dieran cierto plazo para cumplir, pero los padres de la mujer se negaron y agredieron a balazos a su familia, afirmó el activista de Asilegal.

A pesar de que el joven desistió de casarse con su antigua novia, los padres de ella interpusieron una demanda por privación ilegal de la libertad y abuso sexual, que a final de cuentas provocó su encarcelamiento.

Durante el proceso judicial, aseveró Hernández, se presentaron diversas irregularidades, como el hecho de que Pastrana no contó con un intérprete para entender en su propia lengua de qué se le acusaba, ni se hizo caso de un peritaje cuyos resultados indicaban que la mujer no había sido víctima de abuso sexual.

Ignorando esos hechos, el juez dejó al acusado en prisión preventiva durante más de cinco años –cuando el término máximo de dicha figura según la Constitución es de sólo dos–, sin haberle dictado ninguna sentencia.

No fue sino hasta una audiencia celebrada el 24 de junio de este año cuando las autoridades judiciales de Guerrero presentaron cargos formalmente contra Pastrana, los cuales fueron de­sechados por las faltas al debido proceso. Finalmente, el indígena recuperó su libertad apenas el jueves anterior.

Lo sucedido con Pastrana, lamentó Hernández, no es una excepción en el sistema judicial del país, pues se calcula que en Guerrero 48.8 por ciento de los presos no han sido sentenciados.

Un caso similar, añadió, es el de los hermanos Sebastián y Marcial Zúñiga Santos –también indígenas mixtecos–, quienes pasaron 10 años en prisión acusados del asesinato de un niño, y fueron liberados luego de que se comprobara que no había evidencias reales en su contra.