Debido al alto grado de corrupción y coyotaje alcanzado en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) personal de la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó un operativo en el que fueron tomadas las oficinas de ese organismo para eliminar incluso trámites que personas ajenas a la importación o exportación de bienes por vía aérea realizaban a nombre de los interesados y conocidos como franeleros.

En los últimos dos meses el SAT destituyó a 106 servidores públicos, entre ellos dos administradores locales, presuntamente implicados en prácticas delictivas y actos de corrupción.

Como resultado del operativo de la semana pasada en el AICM, ahí mismo fueron detenidos y posteriormente dados de baja el administrador local y otros tres funcionarios del SAT. Además se inició el procedimiento de baja contra otros cinco empleados y se aplicó una evaluación de confiabilidad a otros 40 servidores públicos, al parecer ligados con actos de corrupción.

También se presentó ante el Ministerio Público Federal a uno de los franeleros que operaban en la aduana del aeropuerto, el cual fue identificado como líder de un grupo de gestores o coyotes.

A raíz de las denuncias recibidas, particularmente de los usuarios, desde mayo pasado el SAT realizó operativos. Ese mes, según fuentes del organismo fiscal, se destituyó a 103 servidores públicos en la aduana de Ciudad Juárez, también por actos de corrupción, y entre los sancionados se encontraba al administrador local, de nombre Juan Ramón Huerta.

Según las autoridades, en el caso de la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal, del SAT en el aeropuerto, se había convertido en un verdadero dolor de cabeza debido al nivel de corrupción que campeaba en esa área y la incidencia de casos en que los usuarios se veían sorprendidos por los coyotes. Mencionaron que, de hecho, la persona detenida en el operativo de la semana pasada su forma de operar consistía en, junto con otros franeleros, interceptar a contribuyentes a quienes los extorsionaban o engañaban con la promesa de solucionarles distintos trámites fiscales, en colusión con servidores públicos de la Administración Local del SAT.

Informes del organismo indican que el operativo derivó de una investigación interna en respuesta a una serie de denuncias de usuarios de los servicios en los que se advertía sobre una red de corrupción y coyotaje en el exterior e interior de la aduana del AICM y en la que se logró identificar distintas irregularidades administrativas.

Incluso se tomó la decisión de solicitar la intervención de autoridades capitalinas para, con la presencia de la fuerza pública, impedir la presencia de los llamados franeleros en el exterior de las instalaciones de la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal zona Oriente.

Deshonestidad recurrente

Según el Informe Estratégico del SAT, correspondiente al primer trimestre del año, en los primeros tres meses de 2013 el organismo denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC) a más de 270 servidores públicos por probables actos de corrupción. En buena parte de los casos las investigaciones continuan.

En 2012, con base en el mismo informe, en total 862 servidores públicos fueron denunciados ante el Órgano Interno de Control y otros 61 ante el Ministerio Público.

El 2012 fue el año con mayor número de denuncias, tanto ante el OIC como el Ministerio Público, por lo menos en la última década. No obstante, el mismo organismo puntualiza en el informe que el indicador general de percepción de la corrupción en el SAT (IGPC SAT) se colocó en el primer trimestre de 2013 en 24.5 por ciento, lo que significó un avance de 7.6 puntos porcentuales con relación a diciembre de 2012, con lo que alcanza la mejor posición desde marzo de 2009, cuando se ubicaba en 52.2 por ciento.

Esta significativa mejora en el indicador se puede atribuir a que en lo interno, los contribuyentes expresaron que es mása difícil que los servidores públicos incurran en prácticas de corrupción al implementarse mayores filtros y servicios electrónicos, menciona el documento.