Aeroméxico abusó de la buena fe del sindicato al reactivar una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para que las autoridades laborales le autoricen un esquema para personal de nuevo ingreso que representa un desplome de 64 por ciento en los salarios, dijo Ricardo del Valle, secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).

Refirió que de acuerdo al dictamen en materia socioeconómica laboral, ratificado en mayo de este año, el ingreso de los sobrecargos de la empresa es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo que el sindicato continuará defendiendo los derechos de los trabajadores, sus contratos colectivos y dignidad.

La actuación de la JFCA es ilegal e inconstitucional, pues no realizó ningún análisis respecto a las repercusiones que conlleva la solicitud de la empresa en contra de la salud e integridad física de los sobrecargos. En la audiencia que se realizó el pasado viernes, sostuvo que el juicio ante dicha junta no se deriva de una situación económica endeble –como argumentó la empresa–, sino de políticas corporativas de Aeroméxico.

Es desproporcionada la intención de la empresa de rebajar en 64 por ciento los ingresos de los sobrecargos a su servicio, ampliar sus jornadas laborales, reducir sus descansos e incluso cancelar protecciones esenciales como las pactadas para las mujeres embarazadas, lo cual no se convino en la revisión contractual y salarial que se firmó el 2 de julio.

En dicho documento, especificó el dirigente sindical, se acordó platicar durante los siguientes 90 días –plazo que concluye en septiembre– con el objetivo de acordar los cambios que resulten necesarios para lograr niveles adecuados de productividad y competitividad.

La empresa pretende, abundó, reducir, inhumana e ilegalmente, las condiciones de trabajo y la remuneración del personal de nuevo ingreso y trata de presionar a los trabajadores en activo para que accedan a esos cambios que se aplicarían a los sobrecargos que ingresen con posterioridad a Aeroméxico. Esta situación, subrayó, no debe ser consentida por la autoridad laboral, la cual tiene que actuar con imparcialidad.