La vida de los colaboradores del albergue para migrantes La 72 en Tenosique, Tabasco, ha sido amenazada recientemente, aun cuando cuentan con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalaron varias organizaciones civiles.

Subrayaron que estas intimidaciones muestran el incumplimiento por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno de la protección ordenada por el organismo internacional y pueden representar consecuencias graves al no salvaguardar la vida de las y los defensores que laboran en ese espacio de apoyo a migrantes.

Las agrupaciones y personalidades que integran el Foro Migraciones, las 73 organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Movimiento Migrante Mesoamericano, el Centro Fray Francisco de Vitoria, entre otros, firmaron un pronunciamiento en el que demandan el cumplimiento de las medidas precautorias, a fin de proteger la integridad de los colaboradores del albergue.

El 19 de abril, la CIDH otorgó providencias cautelares en favor de fray Tomás González, responsable de La 72; Rubén Figueroa, colaborador de ese espacio; otros miembros del personal, y los migrantes alojados en ese refugio.

El organismo interamericano consideró que el riesgo para la vida e integridad de estos activistas era grave y urgente, además de que no contaban con la seguridad adecuada ni necesaria para su situación, por lo que solicitó al Estado mexicano emprender las acciones indispensables para garantizar su vida e integridad, al igual que las de los migrantes que acudan al albergue. Pidió además a las autoridades correspondientes informar sobre dichas medidas y las investigaciones acerca de los hechos.

Pese al llamado de la CIDH, el mes pasado se dio a conocer que Rubén Figueroa tuvo que dejar el sitio por tiempo indefinido debido a que su vida estaba en alto riesgo, además de que el primero de julio de 2013 un voluntario del lugar recibió una amenaza de muerte.

Las organizaciones signantes del pronunciamiento recordaron que desde 2011 el equipo de colaboradores de La 72 ha sufrido una serie de intimidaciones continuas, no sólo por la atención que ofrecen a migrantes en tránsito por el estado de Tabasco, sino también por denuncias judiciales y públicas en contra de agresores (de ese sector) y de autoridades, quienes han cometido violaciones graves a derechos humanos, mismas que se intensificaron desde el segundo semestre de 2012.

Sentenciaron que esos ataques serían prevenibles si las autoridades de los tres niveles de gobierno cumplieran con su deber de poner fin a la colusión con criminales, a su participación en (estos) actos de agresión y a la impunidad con la que se han mantenido los delitos contra los migrantes y los defensores de derechos humanos.