La Procuraduría General de la República (PGR) lleva a cabo una revisión de todos los contratos que se firmaron para la adquisición de equipo policial o tecnológico para investigaciones en las cuales se tuviera que realizar intercepción de mensajes electrónicos o llamadas telefónicas, y que se pagaron con recursos de la partida conocida como ‘‘gastos de seguridad nacional’’, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la institución que encabeza el procurador Jesús Murillo Karam desarrolló una investigación para determinar si el presupuesto se ejerció de manera correcta en los últimos tres años, ya que han salido a la luz adquisiones realizadas con un elevado sobreprecio.

En el caso de la Policía Federal Ministerial (PFM), los entrevistados indicaron que en los últimos meses de la gestión de Marisela Morales Ibáñez al frente de la PGR, se firmaron contratos para la adquisición de vehículos para la corporación en los cuales ‘‘de manera extraña se incluyó la compra de cuestiones como uniformes, equipo utilitario y de investigación, y todo ello sin que se realizara una invitación a cuando menos tres empresas’’.

La Jornada dio a conocer ayer que durante la gestión de Marisela Morales (actualmente cónsul de México en Milán, Italia) la Policía Federal Ministerial adjudicó un contrato por más de 350 millones de pesos (de ellos, 200 millones fueron entregados por el gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida) para la compra de unidades blindadas y equipo de inteligencia.

Las fuentes explicaron que la justificación de los contratos se hizo con base en la persecución de delitos de alto impacto, como son secuestros, tráfico de drogas y precursores químicos, que ponían en riesgo la seguridad interior del país.

Finalmente, los funcionarios señalaron que aunque estos contratos fueron pagados con recursos asignados al rubro ‘‘partida de seguridad nacional’’, se pueden revisar las justificaciones bajo las cuales se llevó a cabo la compra y, en caso de que sea necesario, fincar cargos en contra de quienes firmaron los convenios.