Guadalajara, Jal., 13 de julio.

Unos 11 millones de pesos en pérdidas económicas, un pueblo pesquero sin trabajo y agua contaminada y la muerte de más de 550 toneladas de peces en la presa El Hurtado, es el balance que arrojó el derrame de melaza ocurrido a finales de junio y principios de julio, sumado a la presencia de metales pesados que acabó con flora y fauna dentro del embalse.

La presa, ubicada en el municipio de Acatlán de Juárez, data de 1890, y apenas almacena 10 por ciento de su capacidad, aunque abarca un área de unos 325 kilómetros cuadrados. De ahí se extraía mojarra, tilapia y mariscos.

Sin embargo representaba, por la producción pesquera y la actividad turística generada por unos 18 restaurantes campestres junto a las márgenes de la presa, el sostén de la actividad económica de San Pedro Valencia, con poco más de 400 habitantes.

Tras el ecocidio que comenzó a ser notorio en la segunda quincena de junio, e hizo crisis el primero de julio, un censo preliminar de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) sostiene que 31 pescadores y 140 trabajadores restauranteros perdieron su empleo.

Hoy ese poblado se mantiene bajo cerco sanitario ante la alta concentración de moscas y el nauseabundo olor de las aguas negras. La mayoría de los habitantes no han regresado a sus casas y se mantienen en poblaciones aledañas viviendo con familiares.

La Secretaría de Salud reportó al principio de la contingencia ambiental 70 consultas, de las cuales 26 lo fueron por diarrea o afecciones respiratorias, derivadas de la contaminación. Se aplicaron 250 vacunas contra el tétanos y el cólera, como medida preventiva.

El gobernador Aristóteles Sandoval ofreció 3 millones de pesos: dos salarios mínimos por afectado, los cuales serán repartidos la semana entrante, pero la cantidad es insuficiente, pues autoridades estatales y federales estiman que la presa tardará entre dos y tres años en albergar vida subacuática de nuevo.

También es poco el millón y medio de pesos con que el ayuntamiento de Tlajomulco multó al particular que rentó la parcela ejidal, ubicada en el potrero de los Charcos, la cual tenía licencia de granja porcícola, pero ocultaba melaza en dos contenedores de 10 mil toneladas cada uno, según datos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

El gobierno de Tlajomulco señaló a Jesús García Villaseñor, dueño de la parcela y a Roberto Uribe Cortez, arrendatario que ostentó ante las autoridades contar con una póliza de seguro, que no se ha aplicado, pues Uribe desapareció al ser acusado del derrame de melaza.

Todavía falta cuantificar los daños que sufrió la producción de caña en mil hectáreas de cultivos que hay en esta región, donde también se encuentran los ingenios de Bellavista y Tala.

Contra esas factorías hay señalamientos del edil de Tlajomulco, Ismael del Toro, respecto a que podrían ser causantes de la presencia de metales pesados que contribuyeron junto con la melaza a la falta de oxígeno que mató a los peces.