La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) verificará que el programa de deportaciones que acaban de poner en marcha los gobiernos de México y Estados Unidos –mediante el cual se envía a los migrantes por avión directamente al Distrito Federal– respete las garantías básicas de los indocumentados, en particular de los sectores más vulnerables, afirmó el quinto visitador general del organismo, Fernando Batista.

Ya enviamos a un grupo de visitadores adjuntos y le solicitamos al Instituto Nacional de Migración (INM) que nos explique en qué consiste este programa. Queremos que nos informe en qué fechas y horarios se van a llevar a cabo las deportaciones y verificar que éstas se lleven a cabo de manera ágil, segura y respetando la dignidad de las personas, señaló el funcionario en entrevista.

Batista dijo que les llama la atención que el INM no haya informado oficialmente a la CNDH sobre el inicio del llamado Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), del cual se enteraron a través de los medios informativos.

Cuando supimos que habían sido deportadas 136 personas, enviamos a un grupo de visitadores para entrevistarlas y saber si se habían respetado sus derechos, pero ya no las pudimos encontrar, lamentó el especialista.

Un referente para analizar de qué manera se está llevando a cabo este plan, indicó Batista, es el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, que se implementó del 11 de julio al 28 de septiembre de 2011 y mediante el cual volvieron al país unos 8 mil 800 mexicanos.

Obligación de informar

Entonces se verificaron aspectos que también deberían respetarse en el PRIM, entre ellos la obligación de Washington de informar al gobierno mexicano la fecha y hora en que llegarán los migrantes deportados, además de brindarle una lista con sus datos básicos, como nombre, sexo y lugar de nacimiento.

Por otra parte, las autoridades migratorias de Estados Unidos deben respetar el principio de unidad familiar, pues se han documentado casos en donde los migrantes son separados de sus parejas o hijos, o se deporta a miembros de sectores vulnerables –como niños sin la compañía de sus padres, personas de la tercera edad o mujeres embarazadas– sin garantizar sus condiciones de seguridad.

Una vez en México, las autoridades nacionales deben verificar que los migrantes tengan un piso mínimo de derechos, entre ellos que los menores de edad puedan localizar a un familiar en su lugar de origen y recibir comida, ropa y un lugar seguro para dormir, así como apoyo médico y sicológico si hace falta.