La opacidad de la administración de Alfonso de Maria y Campos como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante el sexenio pasado levanta sospechas de corrupción que es urgente dilucidar, sostiene el ex legislador Alfonso Suárez del Real.

El comentario es a propósito de la investigación realizada por La Jornada en torno a la adquisición por parte del instituto de terrenos en la zona arqueológica de Chichén Itzá en octubre de 2012 (a dos meses de concluir la gestión de Felipe Calderón), hecho del que De Maria y Campos no informó a la opinión pública.

El INAH pagó casi 232 millones de pesos a Carmen Barbachano Gómez Rul por la compra de 99 hectáreas, un fragmento de sus vastas tierras ubicadas dentro de la poligonal de la zona de monumentos arqueológicos. De esta importante transacción, el funcionario no dejó registro en su Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, mucho menos lo difundió a la prensa. La Jornada obtuvo el dato luego de consultar el libro blanco del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (Fideinah).

El precio desembolsado fue superior a los 220 millones que en 2010 pagó el gobierno de Yucatán por las 83 hectáreas donde se asientan las principales estructuras, como la pirámide de Kukulkán, el Templo de los Guerreros y el observatorio conocido como El Caracol, entre otras del conjunto catalogado como patrimonio de la humanidad por la Organización de las Nacoines Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). En ese año, la entonces gobernadora Ivonne Ortega hizo el anuncio con bombo y platillo.

Las compra de las 99 hectáreas de Chichén Itzá por parte del INAH se concretó el 17 de octubre de 2012, a través de la escritura pública número 4, volumen 1, ante el notario público 67 y del Patrimonio Inmueble Federal de Yucatán, Sergio Iván Priego Medina. Ahí se confirma que el terreno está ubicado dentro de la poligonal de la Zona de Monumentos Arqueológicos, aunque no cuenta con edificios monumentales y en el registro catastral del estado está catalogado sólo como solar.

El dinero que erogó el instituto hace nueve meses proviene, precisamente, del Fideinah, creado en 2008 como un fondo al que la Federación le otorgaría anualmente una partida extraordinaria, fuera del presupuesto autorizado para el INAH, para la compra de terrenos y/o pago de indemnizaciones por expropiación de tierras en zonas arqueológicas, principalmente.

Ese fondo, que nunca debió usarse como capital semilla para un fideicomiso, según señala Suárez del Real, ha financiado 26 proyectos de adquisición de terrenos con vestigios arqueológicos, además de 16 de infraestructura cultural y 15 proyectos de restauración y conservación de sitios históricos, entre ellos el polémico rescate del ex convento de La Merced, en la ciudad de México, donde De Maria y Campos había planeado instalar un museo textil, con acervo proveniente de la colección que posee su madre Teresa Castelló Yturbide.

Esta iniciativa, en la que el propio ex director autorizó una inversión inicial de 103 millones 29 mil 255, fue cancelada con la llegada de la nueva administración del INAH; era, en opinión de Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez, un capricho del ex funcionario, (La Jornada, 14 de febrero de 2013).

La suma total que la Nación ha pagado a particulares para ser propietaria de una parte de los terrenos donde se erige la espléndida ciudad prehispánica de Chichén Itzá asciende a poco más de 450 millones de pesos. En ninguna otra zona se han invertido tantos recursos en ese rubro durante los recientes 12 años. La cifra suena desorbitante si se considera que existió la posibilidad de expropiar al menos la parte que ahora pertenece al gobierno yucateco.

Se habrían pagado 8 y pico millones de pesos, en palabras del propio ex director del INAH, quien en 2007 afirmó que Vicente Fox hizo el ofrecimiento por escrito a la familia Barbachano, pero ésta no contestó, (La Jornada, 25 de julio de 2007).

La ley permitía la expropiación y estaban todas las condiciones dadas. Incluso, el propietario Hans Jurgen Thies Barbachano, con quien acudí en algunas ocasiones para tratar el tema, estaba dispuesto a recibir una indemnización, pero la legislación tenía una carencia, no definía los tiempos para ese pago, lo cual le causó inquietud al dueño acerca de cuándo y quién le pagaría directamente. Ese fue el problema, que el INAH nunca le dio certezas, explica Suárez del Real, quien en esa época formaba parte de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados.

–¿No supo negociar el director del INAH? –se le pregunta al ex legislador.

–En realidad nunca hubo siquiera intento de negociación, ni con particulares ni con las comunidades que estaban invadiendo la zona. Nadie del instituto nos acompañó nunca a los diputados que fuimos a Chichén a platicar con los dueños, aún cuando les solicitábamos su presencia.

El testimonio confirma lo que en esos tiempos documentó La Jornada: Alfonso de Maria y Campos nunca pugnó por la expropiación, lo cual le parecía a él y a otros funcionarios del ramo turístico del gobierno de Calderón caro y complejo.

También hubo declaraciones a la prensa de Miguel Gómez Mont, director en 2008 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en las que detalló que la apuesta era al intercambio de tierras, pues tenían la consigna de concretar un gran plan estratégico para la explotación comercial de la zona, el cual incluía dotarla de más infraestructura turística, con campos de golf y promoción de ecoturismo en los cenotes sagrados, entre otras actividades.

La forma en que el INAH manejó el asunto derivó en lo que Suárez del Real llama una perversidad: inscribir a Chichén Itzá en la campaña privada Siete Nuevas Maravillas del Mundo, lo cual ubicó al sitio en un plano comercial mercantil que opacó su estatus de patrimonio de la Nación y de la humanidad, argumentos fundamentales para poder ejecutar la ley de expropiación.

Después de que Egipto (con sus pirámides de Giza) y la Unesco se deslindaran de esa campaña promovida por el magnate Bernard Weber, el presidente Calderón hizo un llamado para que los ciudadanos votaran por Chichén Itzá, que finalmente hoy forma parte de los productos que comercializa la marca registrada The New Seven Wonders of the World.

A raíz de ello, la familia Barbachano se obstinó en vender. Pedía por sus terrenos 750 millones de pesos, cifra que, argumentaban, era resultado de un peritaje internacional, cuando el avalúo que hizo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fue de 9 millones, como informó el propio De Maria y Campos.

En 2006, el INAH recibió una partida extra de 14 millones de pesos que fueron gastados en comprar otras tierras ocupadas por sitios arqueológicos en diferentes partes del país. No se adquirió nada en Chichén Itzá, porque no hubo entendimiento con los dueños, reiteraba el funcionario.

Para solventar la falta de recursos para la adquisición de tierras (argumento esgrimido por el INAH), la comisión de cultura de la Cámara de Diputados se empeñó en la creación de un esquema de financiamiento alterno denominado fondo arqueológico, el cual comenzó a operar en 2009.

Fuimos categóricos al manifestarnos en contra de que el dinero se utilizara como capital semilla para fideicomisos, era sólo para la adquisición de terrenos o pago de indemnizaciones, pues esa es una de las problemáticas más relevantes en materia de protección del patrimonio. Pero el INAH no lo hizo así, lamenta el ex integrante de la comisión de cultura que avaló el nuevo recurso, en colaboración con las diputadas Beatriz Pagés y María Nieves Noriega de Autrey, panista, y quien llevó la propuesta al pleno.

El INAH echó a andar ese fideicomiso público con vigencia de 50 años para administrar los recursos (208 millones de pesos iniciales), con el propósito de ampliar y complementar su capacidad y cobertura institucional.

Si bien el fondo arqueológico iba a recibir 300 millones, debido a las disposiciones para atender las Medidas de Racionalidad y Ahorro implementadas por Calderón, le quitaron poco más de 91 millones.

Aunque la prioridad de inversión siempre fue la adquisición de los terrenos de Chichén Itzá, esto ocurrió apenas hace unos meses. El 28 de junio de 2012 se presentó, por fin, ante el comité técnico del Fideinah el proyecto denominado: “Adquisición de una fracción de terreno del tablaje catastral identificado con el número 1145, denominado ‘Chichén’, ubicado dentro de la poligonal de protección de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Chichén Itzá, municipio de Tinum, Yucatán, con una superficie de 99-82-72.07 hectáreas, por un monto de 232,000.0 miles de pesos, enfocado a la protección, restauración y continuar (sic) con los trabajos de investigación de los monumentos arqueológicos para la difusión del patrimonio cultural”.

En septiembre siguiente, se informó al comité del fideicomiso, encabezado por De Maria y Campos, que el Indaabin había emitido un avalúo de los terrenos a adquirir por un monto máximo de 231 millones 229 mil 700 pesos, lo cual representa un costo menor para este proyecto, se señala en el libro blanco.

La ganga fue que los terrenos de Chichén Itzá le costaron al INAH 770 mil 300 pesos menos de lo solicitado inicialmente.

Aún así, el instituto pagó más que lo que en 2010 desembolsó el gobierno de Yucatán (tras adquirir una deuda bancaria para completar el precio), luego de que la gobernadora priísta Ivonne Ortega convenció a Hans Jurgen Thies Barbachano de que le vendiera 83 hectáreas en 220 millones de pesos, al darle casi de inmediato un adelanto por 80 millones.

La mandataria anunció a los cuatro vientos que las tierras donde se asienta la tercera zona arqueológica más visitada del país (con alrededor de un millón 500 mil personas al año), ahora sí, ya era totalmente de los mexicanos.

Hizo pública una carta de felicitación que le mandó De Maria y Campos, festejó con un concierto de Elton John en plena zona arqueológica y habló de los planes para la creación de un macrodesarrollo denominado Central Park Chichén 2020, un mega proyecto turístico que incluye playas, una decena de hoteles de gran turismo, lagos artificiales, cabañas, campos de golf, centros comerciales, entre otros atractivos, con el apoyo financiero de empresarios de China, Corea, Estados Unidos, Francia, Canadá y, por supuesto, México.

Este año, por decreto, se bajó el avalúo catastral de varios predios de Chichén Itzá, incluyendo el área donde se encuentran un par de hoteles que continúan perteneciendo a la familia Barbachano, lo cual hace que el pago de impuesto predial se reduzca a una cantidad insignificante en comparación con los ingresos que les genera ser el único punto de llegada de turistas más cercano a la zona arqueológica, (La Jornada, 28 de mayo de 2007).

Los privilegios a esos influyentes empresarios yucatecos han sido constantes. En 1994, durante su primera gestión como directora del INAH, Teresa Franco les autorizó la ampliación de su hotel (43 palapas).

En contraste, en Pisté, el poblado aledaño, se elevaron diversos impuestos para pequeños comerciantes, restaurantes y hoteleros locales, lo que desde principios de 2013 ha ocasionado que varios negocios quiebren. Desde abril, según ha documentado la prensa yucateca, se incrementaron las protestas en contra de la alcaldesa panista Natalia Mis Mex, incluso hubo una toma del palacio municipal por parte de los afectados. Pero ella argumenta que la ley de ingresos que está ocasionando que desaparezca el comercio del pueblo (siempre marginado de la derrama turística de la zona), fue aprobada, precisamente, por la pasada administración priísta.

–¿Por qué ocultaría Alfonso de Maria y Campos a la opinión pública la importante y millonaria compra de terrenos en Chichén Itzá?

–Porque no es una operación limpia y transparente –concluye Suárez del Real, quien incluso desliza que probablemente el funcionario recibió una buena comisión de la vendedora Carmen Barbachano.

Ella sigue poseyendo una área bastante considerable de tierras donde existen vestigios arquitectónicos de los mayas antiguos. Entre otros propietarios particulares están más miembros de la familia Barbachano y por lo menos tres empresas: Apartamentos Peninsulares SA, Hoteles Culturales de México SA (estos últimos apenas en febrero adquirieron su terreno) y Servicios Aeroportuarios del Sureste (Grupo Asur), quienes planean incrementar a lo grande las operaciones del aeropuerto de Chichén Itzá con los macrodesarrollos turísticos que hay en puerta.