En medio de cuestionamientos de PAN y PRD por el sesgo en criterios de prorrateo, el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó –con el voto en contra del consejero Alfredo Figueroa– el dictamen de la Unidad de Fiscalización (UF) de los gastos de campañas federales. Con ello, se avaló una sanción conjunta de 341 millones 877 mil pesos a los partidos y coaliciones contendientes.

Asimismo, se confirmó que Andrés Manuel López Obrador fue el único candidato presidencial que rebasó el tope de campaña.

Fue una larga discusión en la que el panista Rogelio Carbajal dijo que la fiscalización había fracasado ante la elevada cantidad de gastos no reportados, la mayoría de PRI-PVEM, y la forma como se le prorratearon sus erogaciones centralizadas. El perredista Camerino Márquez acusó a la UF, no sólo de sesgar los criterios de prorrateo, sino también de violentar la garantía de legalidad a los partidos.

Paradójicamente el PRI, el partido más multado (148.1 millones de pesos), avaló el dictamen. Su representante, José Antonio Hernández Fraguas, reivindicó a la Unidad de Fiscalización, pero anticipó que apelaran ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como harán el PAN y los partidos que integraron el Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano).

Fue el consejero Figueroa quien se opuso tajantemente al dictamen calificándolo de ‘‘ilegal e inconstitucional’’. Acusó a la UF de distorsionar los criterios para favorecer a la coalición parcial (Compromiso por México) por la forma de distribución entre un mayor número de candidatos (al contabilizarse los del PRI y PVEM que contendieron entre sí cuando no iban coaligados) posibilitándolos ‘‘gastar más sin llegar al rebase’’.

Este aspecto nodal, dijo, ‘‘va en sentido contrario a lo previsto por la Constitución. Se determinó distribuir el gasto entre mayor número de candidatos (510 en vez de los 365 del resto), como efecto de la coalición parcial, lo que hizo que se pulverizara el gasto prorrateable’’.

Fueron casi siete horas de discusión en la que, con matices, todos los consejeros admitieron la insuficiencia del marco legal que favorece ficciones contables. La coalición Compromiso por México gastó más que cualquier otra, pero ‘‘si se le imputa a muchos o a un solo candidato, es mera ficción contable que las reglas permiten; fueron los propios partidos los que decidieron asignar uno o 40 por ciento a su candidato presidencial’’.

El consejero, Lorenzo Córdova sintetizó el desbalance del gasto en favor de Compromiso por México (PRI-PVEM), que erogó mil 132 millones de pesos, 63 por ciento más que el Movimiento Progresista; PRI-PVEM gastaron 402 millones en espectaculares, dos veces lo que el PAN y 2.75 veces más que la coalición de López Obrador. En total, de 26 mil espectaculares 17 mil fueron del tricolor y el verde.

‘‘La sensación general de que hubo una coalición que gastó más coincide con el dictamen’’. El problema está en otro lado, se requiere repensar las reglas porque las vigentes han sido ‘‘usadas y abusadas’’, porque ‘‘a pesar de que el dictamen diga que una campaña rebasó el tope de gastos, puede que en realidad no haya ocurrido, sino sea consecuencia de las estrategias contables de los partidos’’.

Lorenzo Cordova abundó: ‘‘PRI y PVEM concentraron 74 por ciento de los 184 millones de pesos no reportados que halló la UF (el más elevado en fiscalización), cuya gravedad debe ser sancionada con montos más elevados’’, por lo que planteó incrementarla en estos casos.

En su momento, el panista Carbajal arremetió casi sin tregua en contra del dictamen del que se desprende que, del gasto no reportado, 140 millones de pesos corresponden a Compromiso por México, pero la sanción no es compatible con la gravedad del hecho y, por el contrario, invita a repetirlo. Cuestionó la desigualdad del prorrateo en la coalición parcial que permitió desparramar el gasto entre 510 candidatos y no entre 375, como ocurrió con el resto de partidos.

En la representación perredista, Camerino Márquez y Fernando Belaunzarán reclamaron una y otra vez la pretensión del IFE de impedir a toda costa el rebase de topes de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Denunciaron que Ricardo Miguel Uribe, ex funcionario de la Unidad de Fiscalización del IFE ahora despacha en la Procuraduría General de la República (PGR) cuyo titular, Jesús Murillo Karam, fue destacado defensor del caso Monexgate.

A su vez, el legislador del Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía sostuvo que el dictamen es ‘‘parcial, irracional, revanchista, inconstitucional y encubridor. Parcial, por el trato diferenciado entre coaliciones y candidatos presidenciales; irracional, porque privilegian criterios absurdos para favorecer al candidato del PRI’’.

Y mientras el Revolucionario Institucional hacía mutis, la mayor defensa del dictamen corrió a cargo de los consejeros Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero y Macarita Elizondo, quienes reivindicaron el apego a los criterios legales vigentes.

A su vez Benito Nacif fue crítico al marco legal que favorece un prorrateo de gastos y denunció que al menos en 377 cédulas de facturas la UF prorrateó indebidamente el gasto entre Compromiso por México y al mismo tiempo al PRI y PVEM.