En el campamento Servicio de Limpia Ojo de Agua de la delegación Magdalena Contreras se descubrió un tiradero clandestino donde fueron sepultados los desechos de manejo especial del Hospital Angeles del Pedregal, y a dos años de los hechos el caso quedó en total impunidad.

Lo anterior lo dio a conocer el tercer visitador, José Antonio Guevara, quien estuvo a cargo de la investigación por medio de la cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 13/2013 dirigida a la actual administración delegacional a cargo de Leticia Quezada, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y a la Contraloría Interna de Magdalena Contreras.

En noviembre del 2011 la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial informó que presentaría una denuncia penal por delitos ambientales, luego de una investigación por medio de la cual detectó que en el campamento de Servicio de Limpia Ojo de Agua fueron enterradas ocho toneladas de residuos de manejo especial del Hospital Ángeles del Pedregal.

Los desechos fueron trasladados en camiones de limpia y personal del área se encargó de enterrarlos, pues se tenía un proyecto de renivelar el terreno, de acuerdo con las investigaciones que se hicieron durante la administración de Eduardo Hernández en Magdalena Contreras.

Los residuos de manejo especial sepultados se sacaron ante la presencia de varias autoridades, las evidencia de su procedencia se pudieron probar, pero el asunto quedó en la absoluta impunidad, ni la contraloría investigó a los servidores públicos que hicieron lo que hicieron, ni la PGJDF investigó penalmente a los responsables, expuso José Antonio Guevara.

De la investigación a cargo de la Fiscalía de Delitos Ambientales de la PGJDF no hubo ningún consignado y la averiguación previa se fue a reserva.

En la recomendación la CDHDF pide en 10 puntos a la PGJDF que investigue, procese y castigue a los responsables; asimismo a la Contraloría Interna le solicita investigar, procesar administrativamente y sancionar a los servidores públicos responsables de haber cometido estos actos ilícitos.

Los derechos violados según la recomendación 13/2013 son en favor de un medio ambiente sano por el sepultamiento de desechos, y el derecho a la justicia.