Los empresarios de la industria del juego en México toman previsiones para no incurrir en lavado de dinero, delito que podría significar la pérdida de alguno de los 32 permisos vigentes en el sector. De este número de autorizaciones se deriva la operación hoy en día, a lo largo y ancho del país, de 381 casinos.

Hoy entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ley antilavado), elaborada el 17 de octubre de 2012, en el último tramo del sexenio calderonista, con un transitorio que previó su entrada en vigor nueve meses después.

Para esta legislación es fundamental la actividad de los casinos, debido a que el artículo 17 (actividades vulnerables a este delito federal) se inicia con las operaciones “vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos… que se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación”.

La Dirección de Juegos y Sorteos de la dependencia federal reporta la operación actual de 381 casinos, esto es, 32 más que la cifra dada a conocer en noviembre pasado.

Dicha cifra puede crecer aún más, porque los permisionarios (ahora 32, uno más que en la administración anterior) tienen autorización para expandirse, en conjunto, a un rango hasta de 775 negocios de este tipo. La información confirma que el principal empresario de este sector es Jorge Hank Rohon y socios, quien acumula 107 establecimientos abiertos.

Entrentemiento de México (Emex), de Arturo Rojas Cardona, tiene 45 negocios en operación y labora actualmente con base en mecanismos judiciales, porque supuestamente sigue en litigio con sus ex operadores Producciones Móviles y Exciting Games, el primero relacionado con una presunta red de corrupción en la que habrían participado funcionarios panistas del sexenio anterior.

En momentos en que la Secretaría de Gobernación alista una depuración de la lista de permisionarios de casinos, ex funcionarios de la Procuraduría General de la República y de Gobernación, ahora en calidad de consultores privados, explican a los casineros las formas en que deben cuidar sus operaciones para evitar alguna sanción, que va desde una multa millonaria hasta la cancelación del permiso.

Ayer impartió un taller Jorge Alberto Lara, quien fue subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, de octubre de 2009 a julio de 2011, y en el último tramo de la administración pasada fue comisionado para el Desarrollo Político de Gobernación.

Orbelín Pérez Flores, también expositor en el taller de Lara, durante el sexenio calderonista se especializó en prevención de lavado de dinero, cuyos conceptos explicó ayer a los empresarios de la industria del juego.