Avalada por la mayoría de los senadores del PAN afines a Ernesto Cordero y por toda la bancada del PRD, hoy se presentará la propuesta de reforma política que incluye la segunda vuelta en la elección presidencial, la creación de un jefe de gabinete, normas más severas en cuanto a la propaganda gubernamental, y las bases para hacer efectivo el derecho de réplica en medios electrónicos de comunicación.

Se trata de una reforma constitucional, una miscelánea reglamentaria, modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y tres nuevas leyes –de participación ciudadana, de propaganda gubernamental y de réplica– que hoy darán a conocer el propio Cordero, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, y el también perredista Manuel Camacho Solís.

La reforma política que se pretende legislar fuera del Pacto por México propone modificar la Constitución, para devolver al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) la facultad de supervisar los procesos de fiscalización de los partidos políticos.

Establece las prerrogativas y obligaciones para las candidaturas independientes, que hoy sólo corresponden a los partidos políticos, como es la garantía de acceso a radio y televisión.

Igualmente llevará a la Carta Magna la regla de votación por mayoría absoluta, con la obligación de una segunda vuelta ente los dos punteros en la elección presidencial, además de normar el conflicto de interés. Es decir, la obligación de los partidos políticos de declarar, al momento del registro del candidato, vínculos con grupos económicos preponderantes, o de lo contrario se cancelará el registro.

Se faculta al Senado para declarar la desaparición de órganos electorales locales.

Por lo que se refiere a la miscelánea reglamentaria, define nuevos tipos y penas más severas para la contratación encubierta de espacios en medios que pretendan posicionar a servidores públicos o candidatos. Se penaliza el llamado turismo electoral y se endurecen las sanciones a funcionarios públicos y electorales que actúen en beneficio de partidos y candidatos.

Disminuye a un día la prohibición para difundir encuestas.

Para la reforma del Cofipe se determina que la difusión de propaganda durante procesos electorales y de promoción personalizada incluirá cancelación de registro a concesionarios y permisionarios.

Igualmente, se mandata al IFE para que, en 2015, al menos un tercio de distritos electorales uninominales emitan el voto en urna electrónica.

La ley de propaganda gubernamental propone topes al gasto en comunicación social, que no podrá exceder de 0.5 por ciento del presupuesto federal y deberá distribuirse en forma equitativa. Asimismo, prohibición y sanciones a la discriminación de medios por línea editorial y la obligación de que cualquier gasto público relacionado con comunicación social sea información pública.