al y como se comunicó con oportunidad, hoy el Issste-Peña reconoce que el éxito de la reforma Calderón de 2007 y su alivio sobre las finanzas públicas fue mera propaganda. Para ponerlo a flote, el nuevo PRI quiere, ahora, que los trabajadores paguen más cuotas con peores servicios. El funcionario de Hacienda tras Calderón en la fallida reforma dirige hoy el IMSS-Peña: José Antonio González Anaya.

El Issste ya no carga con las pensiones en curso de pago (que, gracias al triunfante proceso de las cuatro cascadas de amparos masivos contra la reforma Calderón, garantiza el artículo décimo transitorio de la Ley-2007), ni con las de los trabajadores de nuevo in­greso (que, lamentablemente para el futuro de los jóvenes, están privatizadas en Pensionissste), pero su situación financiera es peor que la que prevalecía antes de la reforma. La Ley 2007 es más cara que la que abrogó (1983).

Este resultado fue pertinentemente advertido para Pensionissste, Fovissste, Seguro Médico, Servicios Sociales y Culturales, Estancias, Superissste y Turissste ( Tres años después de la reforma calderonista del ISSSTE, Estudios Políticos, 22, enero-abril, 2011, FCPS-UNAM).

Y es que la reforma Calderón –como sus antecedentes: la propuesta hacendaria de Gil Díaz (2003); la integral de González Roaro (2004) y la Iniciativa Ayala (2005)– nunca buscó mejorar a fondo la seguridad social de los trabajadores del Estado y su cuadro de prestaciones, seguros y servicios. Su propósito, además de buscarle alguna legitimidad a Calderón, fue replicar, diez años después, la también fallida reforma de Zedillo al IMSS para trasladarle Pensionissste los de los trabajadores del Apartado B. Lo que no logró, salvo para los de nuevo ingreso.

La Ley-Calderón despertó, además, una honda corrida pensionaria que, aunada al proceso de amparos, quebró desde dentro su base financiera. Sin creación de empleo en el Apartado B, la estructura de las contribuciones para sustentar los servicios la parió muerta. El calderonismo fracasó escandalosamente a pesar de haberle destinado, vía Miguel Angel Yunes, 8 mil millones de pesos extras al fondo médico: los servicios y el abasto están peor que antes de la reforma.

En el crepúsculo del calderonismo, con más de cinco años de retraso (2012), el exdirector Sergio Hidalgo Monroy (hoy director general de la firma concesionaria de proyectos de infraestructura de transporte OHL), instaló el Consejo Asesor Científico y Médico, presidido por Guillermo Soberón de Funsalud–principal impulsor del Seguro Popular junto con Julio Frenk y Mercedes Juan– que fungiría como el cuerpo consultor superior del Issste en todas las ramas y ámbitos comprendidos por las prestaciones, seguros y servicios que brinda.

En febrero de 2013, Sebastián Lerdo de Tejada declaró: Podremos hacer más con menos recursos, y en abril –derrochando malabarismos al intentar justificar la universalidad que promueve Peña Nieto–, ya apuntaba que, de no implementar cambios, el déficit financiero llegará a ser de 8 mil 500 millones de pesos en 2020.

Hoy el Issste-Peña, con su Informe Financiero y Actuarial 2013 –sin decir palabra sobre la corrupción endémica que heredaron de Fox (González Roaro, Moreno Cueto) y Calderón (Yunes, Villalobos, Hidalgo)–, reconoce finalmente que tiene numerosos desequilibrios financieros, que diversos seguros y coberturas son deficitarios y que fueron solventados en 2012 con transferencias gubernamentales por 15 mil 765 millones de pesos, exactamente como antes de la reforma de Calderón.

¡Su solución consiste en elevar cuotas por peores servicios! Dado que el Seguro de Salud ha operado en condiciones deficitarias desde 2008, las cuotas y aportaciones asignadas para su financiamiento son insuficientes para cubrir los gastos que se espera tener en 2014.

Y como los ingresos actuales sólo alcanzarán a cubrir los gastos del Seguro de Salud por seis años, para el mediano plazo se considera la opción del incremento de aportaciones que se elevarían del 11.47 por ciento al 14.02 del sueldo básico de los trabajadores, exactamente como antes de la reforma de Calderón.

Todo ello, en el marco de la propuesta de universalidad de Peña Nieto diseñada por Santiago Levy, que eleva impuestos (IVA), reduce prestaciones y aspira apenas a un piso básico de protección social, como el contemplado en el Convenio 102 de la OIT ya signado por el secretario Navarrete Prida y avalado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Oscuro futuro para la seguridad social universal ofrecida por Peña, cuando para el caso del IMSS-Peña, su director González Anaya no pide más recursos federales y Sebastián Lerdo de Tejada sólo se propone elevar cuotas del ISSSTE sin proponer cómo mejorar los servicios.

La seguridad social universal del PRI-Peña, puede culminar en las quince escalofriantes propuestas que le entregó a Peña el sector asegurador (vía Fernando Solis Soberón, funcionario de Banorte, presidente de la AMIS y con FUNSALUD) para bloquear el crecimiento de IMSS-Issste al pretender asumir –para su proyecto de lucro– el grupo más importante del sector formal no registrado en ambas instituciones: el del outsourcing que Peña Nieto legalizó con su contrareforma laboral de noviembre de 2012.

Las propuestas quieren compartir la atención médica (u otorgarla), involucrarse en las prestaciones en especie/dinero de los Seguros de Enfermedad/Maternidad, Riesgos de Trabajo y de Invalidez y Vida. También, constituirse en juez y parte al dictaminar riesgos de trabajo y expedir certificados de incapacidad.

Acaso Peña, con González Anaya y Lerdo de Tejada ¿busca empezar a extinguir IMSS e ISSSTE? Porque para Lerdo el problema es que el ISSSTE ¡se nos envejeció!.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco