Guadalajara, Jal., 20 de julio.

Seis jóvenes de entre 18 y 22 años desaparecieron cuando se dirigían a dos reuniones diferentes: un grupo de cuatro y otro de dos, en el municipio de Lagos de Moreno, en la región de los Altos de Jalisco, el pasado 6 de julio; sin embargo, sólo de los primeros cuatro la Fiscalía General del Estado abrió una averiguación ante la insistencia de los familiares por conocer su paradero.

El sábado 6 de julio Ángel de Jesús Rodríguez Hernández de 19 años; Eduardo Isaías Ramírez Hernández, de 21; Daniel Armando Espinoza Hernández, de 22, y José Gerardo Aguilar Martínez, de 18, se trasladaban a la casa de un amigo, en la colonia Paseos de la Montaña, cerca de la Preparatoria Regional de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Paralelamente, pero a otra reunión salieron Marco Antonio Ramírez Cárdenas de 19 años y Cristian Fabián Ávila Cardona de 18; según sus padres, lo último que supieron de ellos es que asistirían a la casa de unos amigos. Ninguno de los seis jóvenes regresó a sus domicilios.

Los familiares de los seis jóvenes presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, péro sólo del grupo de cuatro, las autoridades abrieron la averiguación previa 1796 de 2013.

El Ministerio Público ha sido omiso en la aplicación de la Ley General de Víctimas en el trato brindado a los familiares de los jóvenes, acusó el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Roberto Castelán Rueda, en su calidad de portavoz de los familires ante la prensa, pues los padres le pidieron ayuda debido a que ninguna autoridad ha hecho eco de sus denuncias, tomando en cuenta que ya pasaron dos semanas de la desaparición de los muchachos.

(Los familiares) reciben el trato como si hubieran denunciado el robo del espejo retrovisor de un automóvil; además, con claras insinuaciones de las autoridades de que los muchachos pertenecen al crimen organizado, señaló Castelán Rueda.

Agregó que el problema se volvió más complejo ante los señalamientos del Ministerio Público, que además no ha dado a los familiares ningún tipo de información. No se ha tomado en cuenta la Ley de Víctimas, parece que la fiscalía ignora la ley y no ha aplicado ningún protocolo para desaparecidos.

En el artículo 5, la Ley General de Víctimas –aprobada en el sexenio pasado y reformada en la actual administración del priísta Enrique Peña Nieto– se establece que “los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarles los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera".

El caso de los seis jóvenes se suma al de José Wilfrido Mejía Vázquez, de 18 años; su padre, José Wilfrido Mejía Díaz, de 44 años, y un profesor amigo de ellos, Humberto Rincón García, quienes desaparecieron la madrugada del 25 de mayo después de acudir a una reunión en la colonia La Adelita, también en el municipio de Lagos de Moreno.

Apenas este viernes un centenar de habitantes y familiares de los jóvenes salieron a las ca- lles para demandar a las autoridades de esa localidad investigar el paradero de los muchachos. El 15 de julio hicieron la primera manifestación, en esa ocasión 200 personas acompañaron a las familias.

Desaparecidas, más de 2 mil personas en 2012

En su informe más reciente sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, el Centro para la Justicia y la Paz (Cepad) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) documentó que el año pasado se registraron 2 mil 175 casos de personas desaparecidas en el estado, de ellos 55 por ciento (mil 190) fueron mujeres, y 45 por ciento (985), hombres.

La cifra ubicó a Jalisco entre los seis estados que acumularon 75 por ciento de las desapariciones totales –unas 20 mil 851– que se registraron en México durante el año pasado.

De acuerdo con el informe del Cepad, casi la mitad de las ausencias de 2012 en Jalisco se concentró en la zona metropolitana de Guadalajara. Lagos de Moreno registró ese año 59.

Roberto Castelán, quien también fue rector del Centro Universitario de los Lagos (Culagos), aseguró que autoridades de la anterior administración municipal le confirmaron que existen por lo menos otros 30 casos de personas desaparecidas que no son investigados oficialmente.

Es muy alarmante la cifra, pero también muy probable. Las víctimas no tienen garantía de nada, sienten temor; hubo una reunión el lunes (15 de julio), con las autoridades municipales donde ellos mismos reconocieron que están rebasadas por el crimen organizado, indicó.

Precisó que durante la administración del panista Francisco Torres Marmolejo (2007-2009), hubo indicios de que jefes de la policía local estaban ligados con diferentes cárteles del crimen organizado. Eso trajo mucha inseguridad, casos de asesinatos, por lo menos, la inseguridad en Lagos de Moreno lleva cuando menos nueve años.

En 2010, el entonces direc- tor de Seguridad Pública de Lagos de Moreno, Juan Manuel Márquez Plascencia, acusó al ex presidente municipal, Torres Marmolejo, de recibir cada mes hasta un millón de pesos del grupo criminal Los Zetas.

Roberto Castelán manifestó que la UdeG debe emitir un pronunciamiento contundente ante las desapariciones de jóvenes, que sean más frecuentes en Jalisco.

Comentó que los muchachos de Lagos de Moreno tienen miedo de salir a fiestas y los padres desconfían de las autoridades. Incluso, dijo que uno de los padres manifestó que debían armarse y formar sus propias guardias para enfrentar a los criminales.

Eso es terrible, porque entonces nos encontramos ante un Estado fallido, que no garantiza la seguridad. Ojala se arregle todo esto, pero por supuesto, no va a parar por un milagro, debemos exigir acciones a las autoridades que para eso están, concluyó el académico.

Los últimos casos que conmovió a la opinión pública fueron los homicidios de Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Oliva, adolescentes de 15 años de la zona metropolitana, desaparecidos el 21 de junio pasado en un centro comercial.

Los cadáveres de ambos fueron hallados el 2 de julio en el predio La Cebada, en el Bosque de la Primavera, en Zapopan. La Fiscalía General informó que su muerte se debió a que se habían burlado de un hijo del capo José Ángel Carrasco Coronel El Changel, quien está detenido en la ciudad de México.