a captura de uno de los presuntos líderes de los Zetas, or­ga­nización criminal de las mejor armadas, entrenadas e in­formadas que operan en nuestro atribulado país, fue publicitada intensa y brevemente a través de la bien coordinada y lubricada red que utiliza el go­bierno para proyectar su imagen dentro y fuera. Se desatacó también la intervención de las agencias estadunidenses para facilitar una captura impecable: sin violencia ni sangre. Algo que parece producto de un acuerdo de caballeros más que de un asalto militar.

El gobierno pretende presentarla como signo de recuperación del Estado frente a la delincuencia organizada. Esto le viene de perlas cuando el bajo desempeño de la economía y el desprestigio de su pacto político están disolviendo la burbuja del momento mexicano inventada por sus publicistas. Quizás el incidente se diluya entre el diluvio de malas noticias hasta convertirse en una de tantas capturas espectaculares al estilo de Calderón.

Los expertos reconocen que el golpe es muy importante. Quizás el señor Treviño, Z-40, tuviera información suficiente y estuviera dispuesto a negociarla con el gobierno para que éste pueda conocer con precisión las redes político-empresariales que le han dado a los Zetas y a otros grupos un poder que ya se expande a 29 países.

Más probable parecería que Peña pudiera utilizar la información revelada para administrar la corrupción, es decir, para golpear a algunos de los cárteles y proteger a otros, y convertirse en árbitro en la lucha por el poder de los grupos criminales, lo que le permitiría, de paso, disciplinar a sus adversarios políticos dentro del sistema.

Sería difícil hacer un pronóstico optimista. Peña no está en condiciones de golpear en el corazón a este aparato construido durante décadas y al que se han vinculado ya los mayores grupos de interés. El doctor Edgardo Buscaglia, máxima autoridad en el tema, señala cuatro medidas operativas, sustentadas en las convenciones internacionales: uno, coordinación interinstitucional para desmantelar la base patrimonial a las empresas ligadas a las organizaciones delictivas. Dos, combatir y prevenir la corrupción política. Tres, una coordinación internacional a fondo. Cuatro, la prevención social del delito. Hasta hoy, con excepción de una iniciativa incipiente en esta última área, no existen signos de progreso en ninguna de las demás.

Para poner en práctica un programa tan ambicioso como el que propone Buscaglia se requeriría una visión, recursos y aliados que están fuera del alcance de Peña y de su equipo. Ellos no pueden desafiar a la oligarquía que los encumbró y que es el principal beneficiario de su proyecto. No podemos ser ingenuos: buena parte de la oligarquía ha encontrado una fuente de recursos financieros y políticos en sus buenas relaciones con las estructuras criminales.

joseaorpin@hotmail.com