El gobierno de Enrique Peña Nieto modificó la política de gasto en comunicación social, con el argumento de que se requiere mesura en este rubro.

De enero a julio de este año ha gastado sólo 9.5 por ciento del presupuesto anual autorizado para gasto de publicidad de la administración federal.

Este año, solamente hemos autorizado erogaciones que llegan a 9.5 por ciento del presupuesto anual de publicidad; realizamos únicamente las campañas que consideramos imprescindibles para el buen funcionamiento del gobierno, dijo Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.

En entrevista, mencionó que el fin de este cambio en el gasto es ser racionales en el uso de los recursos, lo que deberá reforzarse, señaló, con la transparencia de procesos de adquisición en materia de publicidad.

Esta lógica racional y de mesura en el gasto ha traído resultados positivos. También buscamos evaluar los impactos de cada campaña gubernamental, dijo el funcionario, responsable de avalar los gastos en la materia.

En el primer cuatrimestre de este año, el gobierno federal había gastado 41.9 millones de pesos para campañas de comunicación, según un reporte entregado al Congreso.

Gobernación es la administradora de los tiempos fiscales cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. También es la encargada de autorizar las estrategias y programas en materia de comunicación social y de registrar los gastos de las partidas relacionadas con la difusión de campañas de promoción y publicidad.

Los lineamientos del presupuesto federal para este año advierten que no se podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos al rubro de servicios de comunicación social y publicidad, salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente.

Mientras tanto, en los próximos días se publicarán los nuevos lineamientos para las campañas de comunicación social.

Según el anteproyecto, que está en su última fase de revisión, en adelante estarán prohibidos los gastos por concepto de notas, entrevistas o imágenes en medios de comunicación; las campañas deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada.

Además, se incluirá un esquema para medir la eficiencia e impacto de cada proyecto.

Al respecto, el subsecretario subrayó que un distintivo de este año y los próximos será evaluar la eficacia del gasto, el impacto de la campaña y fijar los objetivos específicos de cada acción.

Los criterios anteriores forman parte de la lista de compromisos del Ejecutivo federal respecto de la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

Según este compendio de promesas, la SG “informará bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la utilización de los tiempos fiscales en las actividades de comunicación social, incluyendo las resignaciones que se lleve a cabo.

También informará bimestralmente sobre la ejecución de los programas y campañas de comunicación social, así como el ejercicio del presupuesto en comunicación social. Los informes deberán contener: monto total erogado por dependencia y entidad, empresas prestadoras de los servicios y los tiempos contratados, fiscales y de estado utilizados por cada dependencia y entidad.