Tlapa, Gro., 20 de julio

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, advirtió sobre el riesgo de que el Estado mexicano esté utilizando el Ejército y la Marina para contener los movimientos sociales, principalmente en Guerrero.

Entrevistado al concluir el foro Guerrero, epicentro de las luchas de resistencia, realizado con motivo del 19 aniversario de ese organismo, dijo que el Estado mexicano está retomando la estrategia de control social, por medio de la militarización de los territorios.

Está usando tanto a las fuerzas especiales de la Policía Federal, como sucedió con el magisterio, aquí en la entidad, y como al Ejército en distintas regiones y territorios para contener la organización comunitaria. Esa situación es peligrosa, porque puede provocar mayor polarización social, subrayó.

Asimismo, expuso que las autoridades no están entrando en un proceso de diálogo y discusión de proyectos de modelo de desarrollo que permitan a los pueblos expresarse y, sobre todo, respetar sus decisiones.

Desarme de autodefensas

Afirmó que el Ejército funge como actor que está desarmando a las policías comunitarias y amedrenta a las organizaciones sociales y campesinas, como sucede con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), donde ordena vigilar a sus miembros durante sus asambleas, y está tejiendo una red de grupos castrenses a lo largo del territorio comunitario para impedir el libre tránsito de los policías comunitarios”.

Sostuvo que desde las altas esferas se ha ordenado no permitir que las policías comunitarias ejerzan su facultad de procurar justicia y garantizar seguridad. Hay uso excesivo de la fuerza, del Ejército y la Marina para cuestiones más de contención social, y eso nos acerca peligrosamente a una situación de mayor polarización.

Al hacer un balance por los 19 años del centro Tlachinollan, Abel Barrera expresó que en términos de la visión de la lucha por los derechos humanos desde los pueblos es que hay mayor consistencia en los movimientos de resistencia que impulsan organizaciones de pueblos indígenas y campesinos de Guerrero.

Indicó que los protagonistas de estas luchas son las comunidades: ahora los actores colectivos de base están emergiendo como sujetos que cuestionan las políticas que aplican los partidos y las élites en el Pacto por México.

Planteó que se busca un cambio desde las propias comunidades y núcleos agrarios, donde la gente encontró instrumentos de resistencia, y sobre todo de exigencia para que se respeten sus derechos.

Sin embargo, destacó: existe una embestida con mayor fuerza, un cierre de filas de la clase política y de las élites partidistas, expresadas en el Pacto por México, para hacer una serie de reformas que buscan desmantelar las conquistas históricas que se lograron en la Revolución Mexicana, sobre todo en el tema de los derechos territoriales.

En su oportunidad, la coordinadora de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Telamacatzingo, municipio de Olinalá, Citlali Pérez Vázquez, denunció que la Procuraduría de Guerrero giró 40 órdenes de aprehensión contra integrantes de esta organización comunitaria