Chicago.

Enrique Peña Nieto debe iniciar un proceso de cabildeo diplomático para evitar que Estados Unidos deporte masivamente a cuatro millones de mexicanos indocumentados (dos terceras partes del total) y debe crear programas para que estos migrantes retornen a México, debido a la reforma de Obama, aseguran en un comunicado los 19 consejeros consultivos de la Comisión de Asuntos Políticos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).

Países como Corea del Sur, Irlanda, Canadá, Polonia e India están buscando acuerdos para sus inmigrantes. Los presidentes de Guatemala y El Salvador también han exhortado a la administración del presidente Barack Obama a garantizar los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, y nos preguntamos: ¿por qué México sigue callado?, cita el texto firmado por los miembros del IME, principal órgano ciudadano de líderes migrantes mexicanos dentro del esquema de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El posicionamiento fue entregado en los consulados mexicanos de Nueva York, Houston, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Boston y Orlando, y en él se exhorta al presidente mexicano a protestar enérgicamente ante el gobierno y el Senado de Estados Unidos por la militarización de la frontera y el uso de muros y alambrados como parte de políticas resolutivas para una reforma migratoria.

Aseveran que la ley obamista convierte a los trabajadores indocumentados en una mercancía usable y desechable; el derecho laboral será aquel que no reconoce ningún código jurídico, ético o humano. Esta ley generará un estado de mayor persecución policiaca y de identificación y discriminación étnico-racial hacia los mexicanos.

Además, dicen, “se contempla un aumento de muertes –acelerado, desproporcionado y lesivo– de aquellos emigrantes que busquen ingresar a los Estados Unidos de manera irregular. En este proceso de militarización de la frontera estarán más expuestos a la corrupción, robos, asaltos y al uso de rutas más peligrosas. El presupuesto para duplicar el número de agentes de la patrulla fronteriza (de 20 mil a 40 mil los oficiales) será de 40 mil millones de dólares”.

“Al mismo tiempo, la propuesta S.774 garantiza la asignación de presupuesto para la creación y mantenimiento de centros de detención para indocumentados que no califiquen en la obtención del ‘estatus temporal’ y que en consecuencia serán considerados como criminales y detenidos en cárceles privadas durante dos y cinco años. Tendrán un mínimo de garantías jurídicas en su defensa, y una vez juzgados serán deportados a su país con un expediente criminal”, agrega.

La ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de Inmigración (S.774) es un eufemismo maldito, ya que de los once millones de indocumentados sólo calificarían, en el mejor de los casos, cuatro millones, apenas una tercera parte. Al final de este embudo de 15 años, menos de un millón y medio de personas (alrededor de 14 por ciento) realmente podrá solicitar su ciudadanía, lamentan. Aseguran que 66 por ciento de los indocumentados se hundirá todavía más en las sombras de la ilegalidad al no poder alcanzar ningún tipo de protección legal y podrán ser deportados por múltiples motivos.

Los consejeros, que convocaron a una reunión nacional extraordinaria el 10 de agosto, añaden que “la implantación del E-verify es una continuación de la actual ley de sanciones para convertir en criminal al trabajador indocumentado. Esto los sumirá en un sistema de marginalización que, contrario a lo que se piensa, enfrentarán mayores niveles de pobreza en Estados Unidos”.