Chilpancingo, Gro.,22 de julio.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) informó que poco después de la medianoche del domingo, en el municipio de Olinalá, en la región Montaña Alta, elementos de la Marina y del Ejército Mexicano detuvieron a tres policías comunitarios cuando realizaban un rondín. Al cierre de esta edición, unos 70 efectivos de la CRAC-PC bloquearon las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir la liberación de sus compañeros.

Venían por mí, pero no permití que me llevaran, aseguró Nestora Salgado, coordinadora de la CRAC en Olinalá. Indicó que poco después de la una de la mañana, efectivos de la CRAC detuvieron al secretario de seguridad pública de ese municipio, Lorenzo Medardo Vázquez; al agente del Ministerio Público Francisco Bello, así como a seis policías municipales de Olinalá, y retuvieron una patrulla. Salgado advirtió que sólo los liberarían si se hacía lo propio con los comunitarios detenidos, quienes “fueron trasladados a las instalaciones de la PGR en Chilpancingo, como si fueran criminales.

La Marina iba por mí, iban en dos camionetas. Llegó el teniente Sierra, o al menos así dijo llamarse. Le dije que me dijera el motivo por el que quería detenerme. Parece que la Marina la anda haciendo de niñera en Olinalá, haciendo cosas que corresponden al ayuntamiento. Como no pudieron detenerme, se llevaron a mis compañeros, narró.

Pagar por armas

Mencionó que los policías comunitarios efectuaban rondines por las calles de Olinalá, como hacen todas las noches, entonces los paró la Marina y detuvo a tres compañeros: Martín Acevedo, Carlos Sánchez y Mauro Ponce, por llevar dos pistolas de 9 milímetros y una .38 especial; se las entregaron al Ejército, y los trasladaron a Chilpancingo. Nosotros decimos que si no liberan a nuestros compañeros y les devuelven sus armas, no vamos a liberar a los funcionarios del ayuntamiento. El gobierno estatal planteó que nos pagarán las tres pistolas, entonces les decimos que también les vamos a pagar los seis rifles AR-15 que traen los policías municipales.

Por su parte, entrevistado afuera de las instalaciones de la delegación de la PGR en esta capital, Eliseo Villar, coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, demandó la libertad de sus tres compañeros. Nos están tratando como delincuentes, cuando nosotros estamos haciendo una verdadera seguridad y justicia en nuestra sociedad, reclamó.

También exigió la libertad de Santiago Avila, comandante de la policía comunitaria en la comunidad Tierra Colorada, municipio de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica, detenido el viernes pasado por el Ejército en su domicilio, donde según se encontraron una pistola .38 especial, un fusil M1, y un rifle AK-47 cuerno de chivo.

Vamos a organizarnos con otros sectores para hacer un movimiento que ya se hace necesario, para resolver estos problemas. Nos preguntamos si los delincuentes llevan armas de alto poder, por qué los policías no las pueden portar en nuestros territorios comunitarios, concluyó.

En tanto, funcionarios del gobierno estatal recibieron a ciudadanos desplazados del poblado La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente, y quienes fueron reubicados en los poblados Tepango y La Unión, donde dos pistoleros murieron en un enfrentamiento con policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

Manuel Olivares, de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Guerrero, informó que en un primer momento se reunieron con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez, y Víctor Sánchez, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, quienes se comprometieron a pagar una deuda que los desplazados que se quedaron en el poblado de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, tienen con Diconsa por un monto de 140 mil pesos.

También se acordó que se ofrecerá seguridad a los desplazados en Ayutla de los Libres y dijeron que el jueves próximo les llevarán maíz, arroz, y frijol, esperemos que cumplan, dijo Olivares.