Movimientos sociales y civiles de diversos estados del país que se han visto afectados por las actividades de las empresas mineras presentaron ayer un manifiesto donde se expresan en favor de una nueva ley para el sector. En un mitin frente al Senado, anunciaron que esta semana entregarán a esa cámara la iniciativa, y resaltaron que como prioridad se establece que la actividad minera deja de ser preferente por encima de otras.

En la movilización participaron más de una docena de oradores de organizaciones que exigen poner freno a las trasnacionales que saquean al país y afectan a las comunidades. Al desglosar los puntos centrales de su proyecto, destacaron que “en la propuesta se establece la participación vinculante de la población sobre toda decisión –que permita la realización de actividades mineras–. Es decir, a los pueblos originarios se les debe consultar su consentimiento vinculante previo, libre, informado y culturalmente adecuado.

En el caso de las comunidades que no son pueblos originarios, para establecer una mina se debe iniciar un procedimiento de participación ciudadana en forma libre, previa e informada.

Expusieron que llegó la hora de cambiar el rumbo actual del marco jurídico (de esta actividad), que nos conduce al precipicio y a la ruina del país. Regular la minería es recuperar la soberanía popular y nacional.

En ese contexto, subrayaron que en la propuesta de ley minera que entregarán al Senado esta semana se establece un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y recursos naturales frente a las actividades mineras; se establece y se regula la licencia social a través de los procedimientos y consulta o participación para los siguientes supuestos: concesiones para la explotación minera, concesiones para explotación y beneficio minero, las asignaciones para exploración minera que custodia el Servicio Geológico Mexicano, las prórrogas a concesiones para explotación y beneficio minero (y) los permisos de operación para actividades de beneficio minero.

Añadieron que en su proyecto también se separan las concesiones de exploración de las de explotación y beneficio minero; se establecen plazos diferentes de vigencia, duración y prórroga; se propone un procedimiento estrictamente regulado para el cierre de minas con obligaciones y responsabilidad para el solicitante; se regula la transmisión de concesiones, y se elimina la división, reducción o unificación de las mismas.

En el manifiesto al que dieron lectura en el mitin, las organizaciones subrayaron que se anulan las cláusulas de confidencialidad que hoy ocultan la información que deben entregar las empresas mineras al Estado; se obligará a la Secretaría de Economía a hacer pública y accesible la información en su poder a la ciudadanía, con el deber de entregarla directamente a las comunidades donde operan las minas; se establecen nuevos procedimientos de inspección obligatorios, que serán aleatorios y deberán contar con la participación de las comunidades, y que pueden dar pie, en caso de incumplimiento, a sanciones o cancelación de la concesión.

Entre las organizaciones que participaron en el mitin se encuentran el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, Pro San Luis Ecológico y Colectivo Azul, de San Luis Potosí; los movimientos de Pueblos de Morelos y de Pueblos y Ciudadanía Unida contra la Minera Esperanza Silver, ambos de Morelos, así como Cilas, Fundar, Colectivo Radar y Foro México Global.

En el mitin, vecinos de Morelos, de San Luis Potosí y de Baja California denunciaron hostigamientos por parte de autoridades municipales, así como de las empresas mineras, a las que acusaron incluso de contratar sicarios y golpeadores.