León, Gto., 23 de julio.

El trazo de la autopista Silao-San Miguel de Allende no cambiará, pues fue autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y las 25 comunidades otomíes deben estar dispuestas a que mejoren las condiciones a través del sacrificio, sostuvo el gobernador panista, Miguel Márquez Márquez.

Quien autoriza la afectación a estas comunidades otomíes o vestigios prehispánicos es el INAH. Si ya hizo el estudio correspondiente, tiene la última palabra. Toda obra causa incomodidades. Hasta uno en su casa, para remodelar, debe tener mucha paciencia, refirió.

Añadió que la carretera de cuota beneficiará a los otomíes y a los habitantes de San Miguel de Allende al facilitar el transporte de productos y los traslados en casos de emergencia. Esto siempre conlleva a alguna molestia. La autopista se hará respetando las leyes y normas, aunque existan algunas inquietudes.

Guillermina Gutiérrez Lara, ex delegada del INAH y hoy directora de vinculación del gobierno del estado para atender asuntos de patrimonio histórico, autorizó el trazo de la autopista a pesar de que sepultará zonas arqueológicas y dividirá la ruta de 100 capillas de indios del siglo XVI.

La nueva delegada del INAH, Gisela Cuén Garib, ha advertido al gobierno estatal que el trazo autorizado por Guillermina Gutiérrez Lara causará un grave daño al patrimonio histórico y cultural.

El presidente del Consejo Estatal Indígena y representante de las comunidades que serán afectadas, Magdaleno Ramírez Ramírez recriminó que se pretenda hacer una vía que perjudicará su cultura y que viola la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas del Estado de Guanajuato.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno estatal lanzaron la convocatoria de la licitación a pesar de que carecen de autorización de impacto ambiental y de que la obra no fue consultada con los otomíes, como está estipulado en la Ley Indígena.

El 23 de noviembre de 2012, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó la autorización de impacto ambiental para la construcción de la autopista porque afectaría más de 90 hectáreas de bosques y por contravenir el Ordenamiento Ecológico del Territorio de Guanajuato, así como los lineamientos del área natural protegida de la presa La Purísima.

El Frente Pro Patrimonio de San Miguel de Allende anunció que interpondrá un amparo para suspender la licitación, ante la negativa del gobernador panista, Miguel Márquez Márquez de hacer un nuevo trazo que no dañe a la cultura otomí.