xtraviado en la enorme telaraña de intereses político-económicos asociados al llamado Pacto por México, el cumplimiento del compromiso número 61 de tan singular alianza brilla por su ausencia, es decir, aquel que ofrece una nueva ley de explotación minera para transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable y que sus pingües beneficios incluyan a los habitantes de las zonas en donde se establece.

Incluido en los acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad del Pacto por México, el citado compromiso, número 61 no tiene para cuando, porque los pactistas están muy ocupados en el negocio electoral, de tal suerte que en lista de espera –si es que alguien se acuerda– queda la revisión del esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados al sector la producción, la oferta de que los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras, los mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión, así como la prohibición de la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.

Los pactistas, pues, concentrados en algo más jugoso y rentable que el compromiso número 61. Sin embargo, los que no están dispuestos a esperar, y mucho menos a olvidar, son los ciudadanos organizados que han firmado, en número creciente, el manifiesto nacional pro nueva ley minera en México, pues, exigen, llegó la hora de cambiar el rumbo actual del marco jurídico que nos conduce al precipicio y a la ruina del país. Por el respeto a los pueblos y el ambiente, demandamos una ley minera diferente que meta en cintura y regule la actividad minera del país, muy en especial la conocida como mega minería.

No es posible esperar más, porque nadie escapa a los efectos destructivos del marco jurídico y de la voracidad empresarial en el sector minero, cuyo creciente control político sobre el territorio destruye el poder formal municipal, estatal y nacional. Su impacto contaminante se extiende más allá de lo que se ve, abarca a la atmosfera, las tierras de cultivo, los acuíferos y fuentes de agua de la que depende la vida. Regular la minería es recuperar soberanía popular y nacional, subraya el citado manifiesto suscrito por cuando menos diecisiete organizaciones ciudadanas de carácter nacional y estatal, del que se toman los siguientes elementos.

Al tiempo que los pactistas juegan al tío Lolo para disfrazar sus verdaderas intenciones, las organizaciones ciudadanas advierten que mientras el corazón de la ley minera tenga a la extracción como actividad preferente sobre cualquier otra, seguirá la inconstitucionalidad y la contradicción evidente con la prioridad que la Constitución Política (artículo primero) establece y mandata, de respeto y protección de los derechos humanos y de la naturaleza sobre cualquier otro enfoque. La aberración legal que permite que la prioridad de la actividad minera beneficie fundamentalmente a una minoría que acumula riqueza irresponsable, mientras que la mayoría de las comunidades y el país carguen con la deuda de la destrucción socio ambiental y del estado de derecho, ya no se sostiene ni constitucionalmente, ni conforme a los compromisos internacionales de pactos y tratados que nuestro país ha ratificado.

La estructura y redacción de una ley a modo de una minoría es la negación y la violación conceptual y práctica del estado de derecho y del ejercicio, de la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos constitucionales de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, lo mismo que de las obligaciones y facultades del propio Estado mexicano y de la nación. Es necesario recordar que los artículos constitucionales siguen teniendo mayor jerarquía que los numerosos artículos de una ley secundaria, como los de la actual ley minera, que los contravienen.

Vigente está la obligación del Estado mexicano de ejercer la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático, pero “este mandato ha sido sistemáticamente violado por la imposición de la rectoría de intereses privados monopólicos, trasnacionales y oligárquicos de la mega minería tóxica y depredadora. Nadie se ha atrevido a derogar el principio y mandato constitucional (artículo 39) de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo (…). Sin embargo, las actuales disposiciones de ley minera a modo de los intereses de minorías, junto a la interpretación que de ellas hacen los funcionarios, es la reiterada negación de facto de ese principio constitucional. Y esa negación ha conllevado a la supresión del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, de las comunidades y pueblos indígenas y no indígenas, para definir políticas soberanas sobre nuestros territorios y sobre los bienes comunes”. Además, es violatoria de numerosos compromisos internacionales ratificados por México.

Por lo anterior, las organizaciones sociales y personalidades firmantes y adherentes de este manifiesto hemos decidido iniciar hoy un amplio proceso de construcción de esfuerzos para cambiar la actual ley minera y alcanzar un nuevo marco jurídico para regular la minería en México. Una nueva ley minera congruente con los mandatos constitucionales y con los tratados internacionales ratificados, que garantice respeto, democracia y futuro para nuestras comunidades, a los bienes comunes y a México.

Entre otras propuestas planteadas por los ciudadanos organizados se cuenta la de “establecer la participación vinculante de la población (originaria y no) sobre toda decisión que permite la realización de actividades mineras, a través de un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento, vinculante, previo, libre, informado y culturalmente adecuado. Entonces, ciudadanía actuante, y políticos (en los business) pactantes.

Las rebanadas del pastel

Una buena y otra mala: la primera, según el Inegi, que el nivel de precios en México es menor, en casi la mitad, del prevaleciente en Estados Unidos; la segunda, que aquí el nivel salarial resulta entre diez y quince veces por abajo del imperante en el vecino del norte.

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