El Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés) pidió al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) que abra un proceso de verificación para revelar el alcance de la puesta en marcha del programa de cómputo FinFisher, que pondría en peligro la privacidad y los datos personales de los mexicanos.

En una carta enviada al Ifai y firmada por la doctora Miriam Saage-Maaß, vicedirectora de su departamento legal, el ECCHR indicó que ha sido testigo de cómo estas tecnologías de vigilancia monitorean las comunicaciones de los periodistas, manifestantes y blogueros, usan sus datos obtenidos para identificarlos y luego los arrestan, tal como sucedió en Bahrein.

En febrero de 2013, el ECCHR y otros organismos de la sociedad civil presentaron ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el Reino Unido una denuncia en contra de la empresa Gamma Internacional, propietaria de FinFisher.

En ella, las organizaciones demandantes argumentaron que productos y servicios como FinFisher instrumentan múltiples violaciones a los derechos humanos en Bahrein, incluida la detención arbitraria, la tortura y las violaciones al derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

ECCHR sostiene que la aceptación de tal denuncia ante la OCDE contra Gamma Internacional y la investigación posterior indican que el Reino Unido reconoce que el uso de la tecnología como FinFisher es motivo de preocupación y una amenaza potencial para proteger los derechos humanos.

El pasado 20 de junio, las organizaciones Propuesta Cívica y Contingente MX interpusieron una solicitud de verificación ante el Ifai en contra de las empresas Iusacell y Uninet por un presunto incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Las denuncias se basan en un reporte realizado por el grupo de trabajo Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que descubrió la presencia de FinFisher en las empresas mexicanas Iusacell PCS y Uninet SA de CV. En el caso de Iusacell, el software se encuentra instalado en servidores contratados en Malasia.

El Ifai ha girado oficios en contra de Iusacell y Uninet, y dio hasta el 29 de julio de este año para que las empresas de telecomunicaciones rindan su informe sobre el tema.