Imposibilitado para continuar su litigio mercantil con el empresario Rafael Goycolea ante las autoridades electorales, luego de que, ante una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acató el fallo de un juzgado civil para descontarle 25 millones de pesos, el PRD buscará, por la vía civil, anular algunas facturas que considera que fueron alteradas por el empresario.

En principio, el PRD logró sortear que en agosto próximo le fueran descontados casi 26.5 millones de pesos (incluidos 1.5 millones por el pago de una multa que arrastra desde hace meses), al obtener que se le dividiera en ocho mensualidades, hasta liquidar los 25 millones de pesos. Cabe recordar que el pago de intereses que demanda el empresario aún se mantiene en disputa, por lo que seguramente se elevará la cifra.

El adeudo del PRD proviene de 2006 y corresponde a gastos que el partido del sol azteca contrajo para sufragar el costo del plantón que por varias semanas mantuvo en las calles de Reforma y el Zócalo capitalino.

Recursos pendientes en TEPJF

A pesar del descuento mensual de sus ministraciones hechas por el Instituto Federal Electoral, que será de poco más de 3 millones de pesos, el PRD considera que esta nueva afectación económica no terminará por agotar su capacidad de pago, y que, en su momento, de ser ratificadas en sus términos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afrontará las multas derivadas de la fiscalización de los gastos de campaña de 2012, que en principio asciende a 59 millones de pesos.

Cabe recordar que el TEPJF tiene sendos recursos interpuestos por este partido contra el proceso de fiscalización. De entrada, impugnó los criterios que en su momento ordenó el Consejo General del IFE cuando determinó devolver el dictamen de la Unidad de Fiscalización para realizar algunos ajustes propuestos por los consejeros electorales.

De no prosperar, el PRD también impugnó los términos del dictamen y las sanciones que le fueron impuestas por un conjunto de irregularidades que detectó la Unidad de Fiscalización en el manejo financiero de sus campañas electorales federales, entre ellas, el rebase de topes de gastos de campaña y recursos no reportados a la autoridad.