Chihuahua, Chih., 24 de julio.

Habitantes de la comunidad Creel, municipio de Bocoyna, reprocharon en una carta abierta al gobernador César Duarte y al titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Manuel Salas, la violencia en que viven, la falta de atención de las autoridades y la impunidad en que permanecen los crímenes perpetrados en la zona, como la masacre del 13 adultos y un bebé ocurrida en agosto de 2008.

Acusaron a las autoridades de minimizar los asesinatos cotidianos en la región serrana, donde la gente tienen miedo de denunciar porque paga con un mayor daño a sus familias y bienes. Más de un millar de habitantes firmaron la carta.

Entre la gente de Bocoyna y de muchas partes de la sierra hay temor de hablar, como hay temor de escribir, puesto que no vemos resultados claros y efectivos a las múltiples denuncias que más de una persona, una organización de derechos humanos y familias enteras han interpuesto luego de sufrir muertes, secuestros, asaltos, y han tenido como única respuesta otra muerte, otro secuestro, otro asalto en venganza a la búsqueda de justicia. Se desalienta la denuncia y se genera cada vez más desconfianza hacia las instituciones. Pareciera que en México nuestros derechos se han convertido en favores.

Los habitantes de Creel recordaron que hace unas semanas en el poblado San Juanito, también en Bocoyna, varios sujetos perecieron en un enfrentamiento con la policía al que las autoridades le dieron amplia difusión, pero nada se sabe de incidentes similares.

Reprobamos cualquier muerte y vemos que no es el camino para acabar con el delito, pues ni la inseguridad ni las muertes disminuyen en nuestra región a pesar de los datos que la prensa y los gobiernos presentan como reales. Para quienes desconocen la realidad, las estadísticas son definitivas y absolutas; para quienes vivimos la realidad, las estadísticas son simples indicadores. El monstruo sigue creciendo. No se ven respuestas efectivas de las autoridades, apuntaron.

En entrevista, el párroco de Creel y presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derehos Humanos, Javier Ávila, nombrado interlocutor de los pobladores junto con el presidente seccional, Salvador Bustillos, indicó que dos semanas después de haber entregado la carta no han obtenido respuesta.