Los partidos que integraron la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) impugnaron la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) que les impuso una sanción conjunta superior a los 200 millones de pesos (148 millones de los cuales corresponden al tricolor). En su recurso promovido el viernes pasado, argumentan que en muchos casos donde violaron los topes de gastos de campaña, hubo una indebida aplicación de prorrateo por parte de la Unidad de Fiscalización.

En su documento, la representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el IFE también cuestiona que no se tuvieran en cuenta algunas de las facturas presentadas, lo cual derivo en irregularidades que se sancionaron posteriormente. Por todo esto, el PRI solicita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revoque la resolución reclamada y se sirva tomar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico vulnerado.

En su argumento para justificar parcialmente el rebase de topes de gastos en los diputados, cuestionan que el IFE, indebidamente prorrateó recursos que realizaron para sufragar los gastos de funcionarios de casilla, mediante las tarjetas Monex, lo cual carece de la debida fundamentación y motivación, pues el rebase de topes de gastos se debió únicamente al hecho de haberse sumado a los gastos, la cantidad calculada por la Unidad Fiscalizadora (UF).

La inconformidad del PRI cuestiona esta redistribución que impactó directamente en que 51 candidatos a diputados federales rebasaran estos topes, por lo que solicitan al TEPJF reconsiderar este prorrateo que violentó los principios de legalidad y de congruencia. Subrayan que la UF nunca los llamó para controvertir este acto durante el proceso de fiscalización, por lo que se nos impuso una multa por la presunta comisión de una falta respecto de la que no pudimos ejercer nuestros derechos fundamentales de audiencia.

Más allá de este supuesto agravio específico, en el documento de 516 cuartillas (el del PVEM es de sólo 12), el PRI señala que el IFE no les proporcionó certeza jurídica (lo cual no lo plantearon durante la sesión del Consejo donde se les impuso la multa) y que el conjunto de conclusiones que derivan en sanciones al partido parten de premisas falsas, como acreditar irregularidades que, según el PRI, fueron solventadas durante el proceso.