El modelo de fiscalización de las campañas electorales se ha convertido en uno de los principales déficits de la democracia en México, pues no ha podido garantizar uno de los elementos centrales: la equidad, asegura Alfredo Figueroa, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).

Los actuales topes de campaña no pueden ser meras referencias para la simulación de los gastos reales. Infringirlos, señala, debería ser causal para evitar que los candidatos asumieran sus cargos.

Sin duda es un factor que distorsiona (la fiscalización de gastos) en el proceso democrático y nos coloca en un escenario de no poder hablar de suficiencia democrática, sino de aspiración a ésta. Mientras haya intervención del dinero de la manera actual estaremos hablando de que no hay un ejercicio libre del voto, subraya.

Cuestionado prácticamente por todos los partidos, dicho modelo parece agotado, coinciden diversos actores, aunque su valoración en el pasado proceso electoral es muy diversa. Para el consejero, es claro que las reglas deben dar un giro para hacerlas más eficientes; sin embargo, enfatiza que uno de los elementos más descalificados, el esquema de prorrateo, aplicado en los comicios anteriores, fue defendido por todos los partidos en las reformas reglamentarias previas.

El reparto

El prorrateo fue señalado como el factor central que habría favorecido la inequidad en el gasto de las campañas y permitido ocultar los rebases por los candidatos presidenciales, según acusaron en su momento los partidos de izquierda e incluso el PAN para cuestionar presuntas acciones para impedir que hubiera un desborde en la erogación de la campaña del priísta Enrique Peña Nieto.

Aunque admite la necesidad de modificarlo, Baños destaca que incluso los partidos que ahora de manera maniquea cuestionan su aplicación se han beneficiado de un esquema que antes era una forma de autocorrección de las finanzas de las campañas políticas. En su momento hasta el PAN, en la parte de gastos centralizados, que se permite a los partidos adjudicar libremente, asignó cero por ciento a la campaña de Felipe Calderón.

Sin embargo, Baños admite que es un factor que genera distorsiones en la adjudicación del gasto centralizado entre las diversas campañas, lo cual hace imperioso que en el futuro se fijen criterios más claros para el prorrateo de éstos de partidos y coaliciones.

A consideración de Figueroa, el modelo de fiscalización es extraordinariamente complejo, pero incluye regulaciones que pueden convertir en nugatorios los topes de campaña, al transformarlos en mera referencia, pero cuyo cumplimiento, por la fórmula de transferencia de gastos centralizados, permite el prorrateo.

Ahí está la discusión sobre la eficacia de la fiscalización. Evaluar con igualdad a los candidatos y que tenga consecuencias para asumir o no un cargo. No hay ninguna competencia en la que si el ganador lo hace violentando las reglas no le impida obtener el triunfo.

Con el prorrateo se permite, para efectos del reporte de erogaciones, distribuir los gastos que se asumen como centralizados, sin que ello pueda efectivamente tener correlación con la realidad, porque tan injusto es que un candidato presidencial no haya rebasado o rebasado el tope, como si los candidatos a senadores o diputados lo hicieron de forma artificial o no bajo esos esquemas.

No se puede fijar en la legislación un tope de gastos si a partir de esos modelos puede convertirse en topes verdaderamente simulados, subraya. En su balance, el IFE debe estar abierto a las críticas para mejorar la revisión de gastos y en otros ámbitos.

Único consejero que votó contra el dictamen presentado por la Unidad de Fiscalización, Figueroa advierte de la necesidad de reformar a fondo el modelo de fiscalización, instrumentar cambios, desde que haya implicaciones directas en la violación de los topes –no asumir el cargo a quien lo infrinja– hasta acelerar la fiscalización por el IFE para empatarlo con la calificación, e introducir reformas que eviten simulaciones en el gasto.