Casi la totalidad de dependencias públicas federales, estatales y municipales del país tienen trabajadores informales –bajo las figuras de eventuales, por contrato, meritorios, de enlace, por obra determinada, honorarios, subcontratados, entre otras–, por lo que no tienen prestaciones ni seguridad social y carecen de permanencia en el empleo.

Los gobiernos se ahorran millones de pesos con burócratas que no reciben incrementos ni bonos anuales ni sexenales y mucho menos tienen jubilaciones, advirtió la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Hizo ver que la crónica falta de empleos en México propicia que las personas aceptan laborar en la informalidad, incluso en el sector público, sin reconocimiento laboral ni prestaciones, lo cual conviene a las administraciones públicas que no se ven obligadas a formalizar su relación laboral, e incluso tienen trabajadores a los que durante cinco o 10 años les han hecho firmar contratos eventuales sin otorgarles la base.

También planteó que sería necesario un censo de servidores públicos con trabajo informal, aunque de antemano se advierte que el tamaño del problema es considerable, ya que prácticamente todas las dependencias públicas tienen trabajadores en estas condiciones laborales precarias en sus diversas modalidades; mientras se ha reducido a su mínima expresión la contratación de nuevo personal de base.

Al respecto, la Universidad Obrera detalló que seis de cada 10 trabajadores mexicanos laboran en la informalidad, situación que podría agravarse de no favorecer políticas públicas que propicien el crecimiento real de la economía. Mientras no se fortalezca la capacidad productiva del país, poco valdrán los programas sociales, por muy bien diseñados que estén, advirtió.

Por su parte, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en voz de su dirigente, Joel Ayala Almeida, detalló la semana pasada que con el Programa para la Formalización del Empleo se espera que cerca de 100 trabajadores del sector público que laboran en condiciones precarias, sean formalizados, se les dé seguridad social y prestaciones. Indicó, asimismo, que iniciaría acciones directas con la Secretaría de Hacienda para este fin.

Estamos en el limbo laboral

En tanto, empleados de las secretarías de Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social, Agricultura y otras dependencias públicas, que no están sindicalizados ni son de confianza, sino que están en la categoría de enlace, empezaron a organizarse de manera independiente para protestar por sus condiciones laborales.

Los trabajadores, que ya han realizado dos marchas en lo que va del año, señalan que desde 2006 no les han aumentado salarios, tienen años laborando como eventuales o por contrato, ganan un promedio de entre 2 mil 500 a 3 mil pesos a la quincena, no reciben bono sexenal ni vales de fin de año y tampoco tienen seguridad en el empleo.

Roberto, uno de los trabajadores de enlace de una dependencia pública, relata que como la mayoría no tiene base y está permanentemente amenazado con perder su empleo. Les renuevan los contratos de manera arbitraria, no por desempeño. Realizan trabajos similares a sus compañeros basificados e, incluso, en algunos casos de mayor jerarquía, pero el monto de sus percepciones es menor.

“En los conflictos laborales nadie los defiende porque no son sindicalizados, sus salarios no son revisados anualmente, de hecho –dice– llevamos dos sexenios y lo que va de éste sin aumento de salarios.

Señala que gran parte de ellos fueron contratados por proyecto, recurrentes o cíclicos, por programa o como eventuales; sin embargo, aunque los proyectos tienen más de un sexenio, no han sido integrados a la nómina de base, no les dan empleo fijo ni mucho menos formalizan la relación laboral. Estamos en el limbo laboral, concluye.