Integrantes de 29 ejidos de Sinaloa, Durango y Nayarit denunciaron que, ocho años después de haber sido despojados de sus tierras por empresas concesionarias que construyen la autopista Durango-Mazatlán, no les han pagado el precio real de sus terrenos, han amañado los avalúos para ofrecerles unos cuantos pesos y provocaron daños ambientales incalculables.

En conferencia de prensa, los afectados señalaron que ya presentaron un amparo, con el que, dijeron, pueden parar la obra, cuya inauguración está programada para octubre.

Indicaron que las constructoras operan en contubernio con las autoridades estatales y quieren pagar una décima parte del valor de los terrenos.

Las empresas implicadas son Aldesa (de capital español) y su filial Aldesem, Omega Construcciones Industriales y Carso Infraestructura, de Carlos Slim, entre otras, señaló Ernesto Pérez Virgen, representante de los 29 ejidos, quien sostuvo que estas compañías no sólo han incumplido los pagos, sino han afectado bosques, ojos de agua, pastizales, y zonas de siembra y turísticas.

Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón dieron todas las facilidades a estos empresarios, señaló.

Persecución a opositores

Pérez Virgen sostuvo que las constructoras se deslindan de los estragos. En Nayarit secaron ojos de agua que abastecían a poblados completos; desviaron el río Acaponeta, incomunicaron 23 pueblos y dejaron cercadas 2 mil hectáreas de cultivos de mango.

En Durango dañaron el bosque donde se reproduce la guacamaya verde, en Pueblo Nuevo, y en los ejidos Chavarría Nuevo y Viejo dejaron incomunicadas cabañas para uso de turistas y llenaron de escombros zonas forestales y manantiales.

En prácticamente todos los poblados han contaminado presas con azolve y se han provocado afectaciones económicas y ambientales a los pobladores. Sin embargo, en Sinaloa se persigue a los líderes de los ejidos que han protestado.