Guatemala, 30 de julio.

En un barrio clasemediero de Guatemala, la capital, frente a un zaguán metálico negro, se estacionan permanentemente tres patrullas de la Policía Nacional. Custodian a una juez, Iris Yassmín Barrios, a quien correspondió el pasado 10 de mayo dictar la siguiente sentencia, previa al consabido martillazo en una sala de audiencias:

Que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor de los delitos contra los deberes de la humanidad y genocidio, cometidos en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Por tal delito debe imponérsele la pena de 30 años de prisión inconmutables.

Pese al despliegue de seguridad en el exterior, la casa es pequeña, muy modesta. Ahí vive con su madre la doctora en jurisprudencia que resolvió la querella por los hechos ocurridos 31 años antes, en la región ixil guatemalteca. El juicio revistió características históricas: nunca un magistrado había reconocido el delito de genocidio y sentenciado a un ex jefe de Estado con una pena de ese calibre.

Pero también fue una sentencia fugaz: 10 días después, con la anuencia de tres magistrados y el voto en contra de otros dos, la Corte de Constitucionalidad (CC), la más alta instancia judicial en Guatemala, anuló el fallo alegando errores procesales.

Muchos expertos penalistas sostienen que la CC rebasó sus facultades y que su decisión fue ilegal. Pero las cúpulas del poder económico, político y militar respiraron aliviadas, una vez restituida la impunidad.

–Nada menos que la primera sentencia por genocidio contra un ex jefe de Estado por parte de un tribunal nacional. ¿Usted estaba haciendo historia en ese momento?

–Estaba haciendo justicia, nada más.

–Ese día…

–Salí tempranito de casa, como siempre, muy consciente de mis actos.

–¿Llevaba preparado su discurso?

–No, porque el código procesal penal establece un orden en nuestro trabajo y los jueces no deliberamos hasta que se haya terminado el debate. Sólo fue cuando di el martillazo, dando por terminada la sesión, que mis compañeros jueces (los vocales Patricia Bustamante y Pablo Xitumul) y yo nos retiramos a deliberar en secreto. De nueve a cuatro de la tarde redactamos la sentencia, que leímos en forma reducida.

–Desde la diminuta sala –elefantes de cerámica en la mesa de centro, carpetitas de crochet rosa en los sillones, flores de plástico en un altar casero del comedor y los muros verde pálido cubiertos con sus títulos académicos– se escucha que en la cocina está lista el agua para el té. La juez se levanta a prepararlo.

Ante el acoso propagandístico de los medios de comunicación tradicionales, que la atacó por todos los flancos posibles, Yassmín Barrios se replegó. Se excusó de seguir litigando el caso y negó decenas de solicitudes de entrevistas de periodistas nacionales e internacionales. Hasta ahora, que platica extensamente con La Jornada.

–¿Se sintió derrotada luego de la anulación de la sentencia con la que culminó un proceso de 15 años del pueblo ixil para llegar a un tribunal nacional?

–No, de ninguna manera. El juicio, en su conjunto, fue un avance para Guatemala, sobre todo para su sistema judicial. En medio de todo el bombardeo y la campaña mediática que se dio, logramos demostrar que aquí sí existe independencia judicial, que habemos jueces comprometidos, íntegros y responsables y que tenemos conocimiento del derecho.

–¿Se da por satisfecha con el hecho de que en este país haya habido la oportunidad de emitir una sentencia por genocidio como la suya; de que el general haya pasado así sea un solo fin de semana en una celda?

–No se trata de una satisfacción personal. Se debe ver desde otro punto de vista. Se dio la oportunidad para que las víctimas pudieran accionar dentro del proceso. Se respetaron las garantías constitucionales de los acusados. Y el 13 de mayo, después de la sentencia, se dio la audiencia para la reparación de las víctimas y el tribunal procedió a efectuar el análisis de las peticiones de los querellantes y a repararlas debidamente. Y hay que decirlo, no pidieron reparaciones de tipo económico, sino que fueron peticiones mucho más fundamentales.

“Demostramos que Guatemala, con sus carencias económicas y políticas, tiene la capacidad de sacar un debate que fue observado por muchos especialistas del derecho en todo el mundo, que certificaron que en ese tribunal se cumplieron los estándares de justicia más estrictos.

–¿Qué sigue? ¿Cuándo se reanuda el proceso?

–No se sabe, ese es uno de los temas que la Corte Constitucional dejó en el aire.

–Usted se ha excusado de seguir conociendo el caso ¿porqué?

–La corte ordena que el debate se anule hasta el 19 de abril. Nosotros no podemos aceptar órdenes ilegales. Según nuestro ordenamiento jurídico, eso no sería posible porque ya antes se emitió un fallo, no podemos regresar en el tiempo, aparentar que no ha pasado nada. No es ético ni correcto, y procesalmente no es factible.

–¿En la nueva fase del juicio, si es que algún día llega a reanudarse, se va a dar validez a los testimonios de las víctimas que ya se emitieron o van a tener que volver a viajar desde sus aldeas hasta la capital para volver a declarar?

–Es triste, pero creo que tendrían que regresar las víctimas por una razón: los jueces que lleguen a la tribuna no pueden emitir juicio si no han escuchado a las personas. La Corte anuló todo.

–El abogado defensor del ex dictador Ríos Montt, Francisco García Gudiel, la amenazó en pleno juicio con no descansar hasta verla tras las rejas. ¿Usted cómo ve su futuro?

–Yo me veo trabajando, realizando debates, que los disfruto bastante. Actualmente soy magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia y no sé si en los planes de Dios esté el que el año próximo pueda ser nombrada titular.

–Mientras tanto, la campaña mediática en su contra sigue. Hablan mal hasta de su peinado, hacen comentarios sexistas, dicen que pasó de noche por la universidad… –Interrumpe divertida: “Eso no es cierto. Me gradué con todos los honores, con las más altas notas. También en las dos maestrías que cursé, una en derecho penal y otra en constitucional. Y también en el doctorado. Y lo del salón de belleza… pues es que a mí me gusta así, al natural”.

El caso Gerardi: su encuentro con la historia

Una noche antes de iniciar el proceso por el asesinato de monseñor Juan Gerardi, en 2001, la casa de la juez Barrios fue atacada con granadas. Una estalló en el patio de la pequeña vivienda. Estábamos aquí, en esta mesa. Íbamos a cenar, mi mamá y yo, pasaditas de las ocho. Un sonido terrible, olor a pólvora. Era un ataque.

Fue una noche con pocas horas de sueño. Corrí a ponerme mi rosario, le pedí a mi Jesusito lindo que no permitiera que nos pasara nada. Llamé a la policía y pedí apoyo, llamé a la prensa. Estaba sumamente enojada. Pensé: si me van a matar que me maten, pero antes me van a escuchar. Y al día siguiente me presenté puntual a la sala del juicio, a la audiencia.

Si pretendían intimidar a la juzgadora de uno de los crímenes emblemáticos de esos años –Gerardi había presentado apenas días atrás el informe de la Recuperación de la Memoria Histórica Nunca más sobre las atrocidades cometidas contra la población civil durante la guerra– no lo lograron. El juicio siguió su curso y al final la juez dictó sentencia: 30 años de prisión contra un sacerdote y dos militares acusados de asesinar al obispo y defensor de derechos humanos. El colofón de este proceso fue trágico. Primero la Corte de Apelaciones intentó, sin éxito, anular la sentencia, lo cual fue rechazado por la Suprema Corte. Luego les fue reducida la pena a 20 años en otro juzgado. Posteriormente 10 testigos o partícipes en la trama del homicidio fueron asesinados, inclusive uno de los sentenciados, el sargento José Obdulio Villanueva, encontrado culpable de planear la ejecución desde la oficina de inteligencia militar del Estado Mayor del ejército, decapitado en un motín en prisión. Actualmente sólo queda preso el capitán Byron Lima Oliva Juan, cercano al actual presidente, general Otto Pérez Molina.

Ese juicio fue, según dice la juez Barrios, su encuentro con su historia. Su vida cambió. Tuvo que vender el carrito con el que iba y venía, tuvo que aceptar las escoltas que la acompañan a todos lados, perdió su independencia. Pero, sobre todo, aprendió a conocer la historia de su país. Realmente fue a partir de ahí que empecé a saber, bien documentadas, las cosas que pasaron durante la guerra. Y entendí a fondo que no se va a alcanzar la paz si no hay justicia.

–Si pagó un precio tan alto por ser juez en el caso Gerardi ¿qué pensó cuando dos años después se le puso enfrente el juicio a Ríos Montt, de mucho mayor calado?

–No me puse a pensar en las consecuencias, porque yo creo que un juez debe estar libre de prejuicios y preocupaciones a la hora de juzgar. Como tampoco me puse a medir consecuencias cuando juzgué el caso Myrna Mack, el de los diputados salvadoreños del Parlacén asesinados, el de las niñas de Sacatepéquez, de las Dos Erres (masacres en el Petén, en 1981), muchos casos de narcotraficantes, incluso de varios Zetas de Zacapa, en 2011.

Iris Yassmin Barrios siempre estudió en escuela pública. Trabajó para costear su carrera de derecho en la Universidad de San Carlos. No viene de un entorno de lucha por los derechos humanos ni vivió directamente los efectos del conflicto armado que se desarrollaba durante sus años estudiantiles.

Ingresó a la facultad de derecho justamente el año en el que el general Ríos Montt se hizo del poder con un golpe militar. Mientras en las zonas rurales el ejército aplicaba la tierra arrasada, Yassmín vivía en la capital, como en una burbuja, dice. En la universidad no participé en ningún movimiento, como no fuera estudiar. Lo cierto es que una generación entera de líderes estudiantiles y académicos críticos había sido liquidada por los gobiernos militares, el de Ríos Montt y los anteriores. Sus años estudiantiles fueron “de silencio, de receso, además aquí en la capital había una gran censura en la prensa. La guerra estaba lejos… fue una lástima que nos enteráramos mucho después de lo que pasaba”.

Sin embargo, los crímenes paradigmáticos de la guerra pasaron por los tribunales donde ella fungió como juez. No sólo el caso de monseñor Juan Gerardi, sino también algunos del informe REHMI, el caso del asesinato de la antropóloga Mirna Mack.

Salí de la universidad cuando apenas empezaban a conocerse los informes de derechos humanos. Y aprobé el examen en las primeras oposiciones de jueces de sentencia poco después de la firma de los acuerdos de paz. Mi cargo es por méritos y afortunadamente puedo actuar, pensar y ser coherente.

Y Ríos Montt se cruzó en su camino

–¿Cómo llegó el caso de Ríos Montt a sus manos?

–A principios de febrero el caso llegó al tribunal de sentencia A de Alto Riesgo, donde trabajo.

Los dos militares acusados por la fiscalía general, José Mauricio Rodríguez y el propio Ríos Montt, recusaron el nombramiento de esta juez, con el argumento de que ella ya antes había conocido el caso de la masacre de las Dos Erres, el Petén. Pero no se aceptó la apelación, porque era de un hecho, personas y lugares diferentes.

Desde que inició el proceso, el 19 de marzo, la defensa optó por atacar al jurado como estrategia. Actualmente, Barrios tiene más de una docena de recusamientos pendientes.

Pero fue el primero el que, a la postre, sirvió para anular la sentencia histórica. El incidente ocurrió el primer día del debate, cuando los abogados acreditados de Ríos Montt no se presentaron y en su lugar acudió, sin el registro debido, el abogado Francisco García Gudiel, con un largo historial al servicio de militares. Éste demandó la revocación de la juez Barrios, alegando enemistad personal. La penalista lo expulsó de la sala. Era el primer golpe procesal para impedir el debate.

Durante un mes, pese a las prácticas de obstrucción de la defensa, transcurrieron las audiencias públicas en una sala del Tribunal rebosante, transmitidas en vivo a todo el mundo. Ahí desfilaron más de cien sobrevivientes de las masacres en la región ixil que relataron, frente a la mirada distraída del anciano general (Ríos Montt es ya octagenario) las consecuencias de las órdenes militares que impartió para exterminarlos: niños y ancianos despedazados, niñas y mujeres violadas hasta la muerte, ejecuciones sumarias, corazones arrancados, pilas de cuerpos, aldeas incendiadas…dos por ciento de la población ixil de aquellos años exterminada; el resto, desplazados y perseguidos. Expusieron peritos en antropología forense, en estadística, en sicología y sociología, en derecho castrense, en historia, en antropología. Se aportaron como pruebas documentos militares de la época desclasificados. Se describió el genocidio inspirado en el racismo inherente a las cúpulas del poder guatemalteco.

El 18 de abril el proceso, que ya cimbraba a la opinión pública, se paró en seco. Una juez de un tribunal menor, Carol Flores, logró suspender temporalmente el juicio, alegando que había amparos anteriores que no habían sido cumplidos. Después de forcejeos en distintas instancias, la juez Barrios logra reanudar la audiencia el 7 de mayo y entra a la fase de conclusiones. Ese fue uno de los momentos más hermosos porque demostramos la independencia del órgano judicial, no acatamos órdenes ilegales y no anulamos el proceso.

El genocidio expuesto al mundo

–¿A nivel profesional y personal qué le deja este proceso?

–Además de tranquilidad, muchas cosas. Fue un juicio de mucha riqueza. A nivel cultural, la oportunidad que tuvieron los ixiles como grupo étnico de presentarse y hacer valer sus derechos. El solo hecho de presentarse, de pararse a hablar, de decir lo que les habían negado decir durante tantos años, fue como una liberación, sobre todo para las mujeres. Yo en ese momento no podía opinar ni manifestar mis sentimientos, por mi deber, pero me di cuenta de ese profundo dolor.

Se logró que los ojos del mundo estuvieran atentos, porque el genocidio es un delito importante para toda la humanidad. Fue un juicio importante para juristas y no juristas que acompañaron el debate, para los académicos, para los estudiantes de derecho, de historia, para la población en general.

Tuvo una gran riqueza en jurisprudencia porque se dieron tal cantidad de incidencias y obstáculos procesales que dio oportunidad para ampliar nuestros criterios y aportar muchas soluciones, y todo esto no fue detrás de puertas cerradas sino en audiencias públicas.

Los peritajes tuvieron el más alto nivel. Pocas veces en un tribunal hemos tenido oportunidad de contar con un grupo tan selecto de peritos, con conocimientos tan valiosos. Los antropólogos forenses, los sicólogos y sociólogos, expertos en racismo, en sicología de las víctimas. Lo que se logró fue poner frente al tribunal, para su juicio, a un periodo de la historia guatemalteca, de marzo de 1982 a agosto de 1983... apenas un pedacito de un conflicto armado de 36 años.

De ese 10 de mayo, un detalle secundario sigue haciendo ruido en los medios locales. La televisión local repitió incesantemente la imagen de la juez ordenando a gritos, sin micrófono, que impidieran la fuga del sentenciado.

–¿Hubo ese peligro?

–Sí. La seguridad de la sala estaba a mi cargo. Cuando me puse de pie vi cómo intentaban sacarlo de la sala. Entonces di órdenes de impedirlo. Pero como me apagaron el micrófono, tuve que gritar. Dije: no puede salir hasta que vengan las personas encargadas de trasladarlo al sistema penitenciario.

–Cuando se lleva la policía detenido a Ríos Montt, ya sentenciado ¿termina su papel?

–No, teníamos cinco días para redactar y dictar completa la sentencia, porque hasta ese momento sólo habíamos leído nuestros fundamentos. Todo se incluyó en 718 folios de la sentencia.

La entregamos el 17 de mayo a las 13 horas, en tiempo. Y el lunes 20 de mayo, en horas de la noche, se produce la anulación por parte de la Corte de Constitucionalidad.

–¿La vio venir?

–Sinceramente no. Me decían que sí, pero yo sigo creyendo en la justicia. Y sigo juzgando a las personas por mi condición, así que creo que los demás son honrados y actúan conforme a la ley. Así que fue una sorpresa. Respeto la decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero no la comparto.

–¿Fueron presionados los magistrados?

–No lo puedo decir, pero la anulación ocurre después de tres días de sesiones efectuadas por el CACIF, que es el grupo que ostenta el poder político y económico de nuestro país.

Minutos después de nuestro fallo, este grupo se había manifestado en contra, en la prensa y en las redes sociales. Una cosa está relacionada con la otra. El voto fue tres contra dos.

Pese al cúmulo de información que salió a la luz durante el juicio, un solo hecho sigue resonando en los medios de comunicación como una gran falta de la juez del caso más emblemático que ha visto el país hasta la fecha, cuando ella, de pie, ante los aplausos, los gritos de gracias y la mirada plena de agradecimiento de los indígenas que frente a ella solo inclinaron la cabeza, se puso de pie y cruzó los brazos sobre el pecho, como un gran abrazo.

La defensa la demandó, por ese gesto, por denotar parcialidad; esa demanda sigue su curso. Yassmin ríe: saludar y responder cuando a uno le dan las gracias es cortesía ¿no? No es ilegal.