más de tres años de su detención en Irak, el soldado estadunidense Bradley Manning fue declarado culpable de 20 de los 22 delitos que se le imputaron en un tribunal militar, entre los que destacan el espionaje y el robo de información, por lo que podría pasar hasta 136 años en prisión en caso de que la juez responsable del caso imponga la máxima pena posible. Aunque la justicia militar estadunidense desestimó la acusación contra Manning por ayudar al enemigo, el más grave y desproporcionado de los cargos fincados en su contra, la posibilidad de que el marine de 25 años pase el resto de sus días en la cárcel da cuenta de la enorme incongruencia que afecta al sistema judicial de Estados Unidos.

En efecto, la condena contra Manning se produce a pesar de que las autoridades judiciales reconocieron que la información sustraída del Departamento de Defensa no fue entregada a alguna organización o Estado enemigo de Washington, sino a la organización encabezada por Julian Assange; por lo demás, tales revelaciones nunca representaron una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, sino en todo caso para la perpetuación de las prácticas criminales e inhumanas cometidas por esa superpotencia y documentadas en las filtraciones de Manning a Wikileaks. Con esos elementos de contexto, la insistencia en enjuiciar al soldado estadunidense por colaborar con el enemigo da cuenta de que el proceso judicial en su contra no estuvo motivado por un afán legalista, sino por un ensañamiento de Estado contra el joven militar, haciendo uso de la manipulación propagandística e ideológica de la justicia.

Por lo que hace a la declaratoria de Manning como culpable de espionaje, el fallo palidece a la luz de las revelaciones realizadas por el ex consultor de inteligencia militar estadunidense Edward Snowden, las cuales han exhibido al gobierno de Washington como operador de una vasta red de espionaje telefónico y cibernético que ha afectado a millones de personas y gobiernos en todo el mundo y que acusa, por añadidura, una debilidad estructural que la hace particularmente proclive a las filtraciones: como recordó la defensa del propio Manning, las necesidades humanas de la operación de dicha red hacen que cientos de miles de personas, entre trabajadores, empleados del gobierno y contratistas, tengan acceso a información considerada confidencial por la Casa Blanca y el Pentágono.

La incongruencia es mayor si se toma en cuenta que, mientras dicha red está orientada a la obtención de información para los intereses geopolíticos y económicos de la superpotencia, el afán que motivó la actuación de Manning en el episodio comentado es, hasta donde se sabe, irreprochablemente ético y democrático.

Por último, es impresentable que se condene a un soldado por difundir información de prácticas criminales e inhumanas cuando la mayor parte de los responsables y autores materiales e intelectuales de las mismas permanecen impunes. En efecto, en la circunstancia presente resulta improbable el emprendimiento de juicios contra George W. Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice y otros ex funcionarios que a base de mentiras y ocultamientos involucraron a Estados Unidos en dos guerras colonialistas e injustificables, en el marco de las cuales murieron miles de estadunidenses y cientos de miles de iraquíes y afganos.

Otro tanto puede decirse de los responsables de los actos de barbarie difundidos por el propio Manning, como el asesinato de un reportero de la agencia Reuters y 10 personas más por la tripulación de un helicóptero Apache en julio de 2007; las múltiples torturas en las cárceles clandestinas controladas por el Pentágono; el ocultamiento de miles de muertes y el asesinato de civiles a manos de tropas invasoras, y otras prácticas criminales cuyos autores no sólo no han pisado la cárcel, sino que posiblemente han sido condecorados como héroes de guerra.

La persecución emprendida por el gobierno estadunidense contra quienes han tenido el valor de hacer públicos la barbarie y los abusos cometidos al amparo del poder planetario es un síntoma más de la descomposición moral, política y jurídica en que se encuentra la superpotencia.