Al resolver un segundo incidente de inejecución de la sentencia emitida en su momento por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que la Cámara de Diputados designe al consejero del Instituto Federal Electoral faltante, los magistrados consideraron que dicha resolución se encuentra en proceso de ejecución, por tal motivo no es dable aplicar medidas de apremio a los legisladores para que nombren al funcionario.

Durante la sesión del TEPJF se aprobó por unanimidad de presentes el proyecto del magistrado Constancio Carrasco, en el que recoge la respuesta de San Lázaro que señala que no se alcanzaron los acuerdos en la Junta de Coordinación Política, pero que continúan los esfuerzos para lograrlos. La mención a que se mantendrían los trabajos fue suficiente para que los magistrados dieron por válida la respuesta y la consideraran como una sentencia en proceso de ejecución.

Lo expuesto permite considerar que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento, de ahí que en este momento no resulte procedente actuar en términos de lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral que prevé la facultad para la Sala Superior de imponer medidas de apremio, como lo pidió el diputado Rafael Huerta, del Partido del Trabajo.

De igual forma, los magistrados asumieron como satisfactoria otra parte de la respuesta de la Junta, que indica que en dado caso de que se mantenga la imposibilidad de los acuerdos, se sometería al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión.

En su momento, el magistrado Pedro Esteban Penagos destacó que en toda democracia y en todo estado de derecho, las instituciones están obligadas al cumplimiento de la ley y las sentencias de los tribunales. Por ello, La Junta tiene el deber de agilizar las gestiones que le corresponde para la designación, de tal manera que lo procedente es requerir a esta instancia que alcance el acuerdo o en su caso, de no lograrlos, que se ponga a disposición del pleno de la Cámara la lista de finalistas para que proceda a la designación.

En su argumentación, el magistrado Manuel González Oropeza consideró que ésta es una vía para que en un nuevo periodo extraordinario de sesiones se pueda designar al consejero dentro de los marcos legales y constitucionales.

Para la magistrada María del Carmen Alanís esta posibilidad permite presumir que se está en la vía para el cumplimiento de la sentencia. Recordó que desde el 29 de mayo, el TEPJF ordenó a los diputados designar al consejero y subrayó que todas las instituciones deben estar sometidas a las disposiciones de los tribunales en la materia.