La Red contra la Represión y por la Solidaridad, formada por adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona, convocó a la Campaña Nacional e Internacional Namakasia por la vida de la nación yaqui, para apoyar la lucha “por detener el robo del agua perteneciente a la tribu en Sonora, fortalecer sus proyectos autónomos y difundir la palabra y noticias provenientes de la autoridad tradicional yaqui.

La red recordó que a principios de 2010, con la entrada del gobierno panista de Guillermo Padrés Elías, se anunció el proyecto integral Sonora Sí, “que planteaba el ‘equilibrio’ y la ‘buena distribución’ del agua en la entidad para solucionar la escasez, y contemplaba varias obras, entre ellas el acueducto Independencia, por el cual se extraerían 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del río Yaqui para suministrarlos a la ciudad de Hermosillo”.

La construcción del acueducto nunca tomó en cuenta a la tribu yaqui, lo que violenta la autonomía y libre autodeterminación de los pueblos, y el derecho a la consulta y al libre desarrollo espiritual y social. Estos derechos, reconocidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, fueron firmados y ratificados por el gobierno mexicano y están contemplados en el artículo segundo de la Constitución.

La violación de los derechos de la tribu no es un simple descuido de las autoridades; el beneficio del acueducto Independencia no es para la población sino para los terratenientes y la zona industrial donde se instalará una planta de la cervecera Heineken y ya se encuentran Big Cola y Ford, apunta la Red.

La afectación también será ambiental, ya que la reducción del caudal afectará la flora y la fauna de la región y provocará la entrada del agua del mar, ensalitrando tierras fértiles y reduciendo los terrenos de siembra de la tribu. Dichas afectaciones no fueron tomadas en cuenta en el estudio de impacto ambiental hecho por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La tribu respondió con un juicio de amparo que ganó en mayo de 2012. Ratificado el 8 de mayo de este año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deja sin efecto el estudio deficiente de impacto ambiental. Sin embargo, el gobierno de Sonora no ha detenido la extracción de agua de la presa El Novillo y mantiene activas dos de cinco bombas, afectando ya gravemente a la tribu, dejándola sin agua para consumo humano.

Ello genera una situación de peligro para la tribu, porque deja a sus miembros sin medios para sobrevivir en el desierto de Sonora, además de perder sus cosechas. Mediante el acueducto se despojará a la tribu yaqui de un bien esencial que por derecho le corresponde, advierte la red.

Ante las acciones del gobierno del estado, en contubernio con el federal, la tribu decidió instalar hace dos meses y medio un campamento junto a la carretera internacional 15, en las inmediaciones de Vícam, a lo que el gobierno ha respondido con una campaña de desprestigio, señaló.