Los casinos, centros de juego, salas de apuestas y centros de entretenimiento, lejos de generar empleos, han ocasionado graves problemas a nivel social y económico en el país. La dirección general de Servicios de Documentación, Información y Análisis (DGSDIA) de la Cámara de Diputados señala que los centros de juego en el país actúan en grandes vacíos legales y entre la disparidad de las legislaciones estatales y la federal.

El estudio refiere que en algunas leyes estatales se rechaza la operación de estos giros; sin embargo, en sus reglamentos hacen mención expresa a éstos haciéndolos permisibles.

En el texto Análisis comparativo de la legislación relativa al funcionamiento de los casinos a nivel estatal, la dirección general de Servicios de Documentación de San Lázaro señala que en los casos de Jalisco y Yucatán, sus normas impiden la operación de los casinos; no obstante, en municipios como Guadalajara y Mérida se aprobaron reglamentos para operar ex profeso los centros de juego y de entretenimiento.

Esto deja ver el gran vacío legal que existe, y la creciente disparidad, por no contarse con una ley reglamentaria a escala federal en materia de casinos. Es necesario crear lineamientos generales para que no existan 32 criterios diferentes.

La heterogeneidad en las distintas leyes estatales apunta a que a la hora de otorgar los permisos y las licencias –por la autoridades locales– se observan irregularidades en las normas relativas al pago de gravámenes por parte de esas actividades.

Por ejemplo, en el caso de la venta y consumo de bebidas alcohólicas se prohíbe el acceso a éstas en las legislaciones de los estados de Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas, pero solamente Colima y Zacatecas reglamentan la venta y consumo de éstas.

La Dirección de Servicios de Documentación de la Cámara de Diputados también expone que en Chiapas se hace alusión a los casinos, entendiéndose que en éstos se podrán celebrar bailes públicos; sin embargo, la disposición se refiere al volumen de música permitida el cual deberá sujetarse a lo indicado en la licencia otorgado para tal efecto desde el ayuntamiento.

En ese ámbito de opacidad, también del caso Michoacán es de llamar la atención, porque se encuentra operando el reglamento de billares y boliches donde se otorga un permiso para que se juegue dominó y ajedrez, siempre que se verifiquen sin apuestas, y los establecimientos cuenten con licencia para ello.

Así resulta ambigua la normatividad de los estados, pues conduce a la confusión, al dejar abierta la posibilidad de que se puedan desarrollar otro tipo de juego.