Un juez federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, negó el amparo a ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón que reclaman la restitución de tierras ocupadas por el gobierno hace dos años, contra la voluntad de los propietarios y pobladores del ejido.

Este jueves, Mariano Moreno Guzmán, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y representante de la comunidad, interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia del 22 julio, dictada por José del Carmen Constantino Avendaño, juez séptimo de distrito, quien determinó el sobreseimiento del juicio de amparo 274/2011, por considerar que los actos de despojo ejecutados por diversas autoridades estatales y federales el 2 de febrero de 2011 fueron consentidos por la asamblea general de ejidatarios, y por tanto no causan afectación jurídica al ejido quejoso.

De acuerdo con el abogado de los ejidatarios, Ricardo Lagunes Gasca, el recurso de revisión deberá ser enviado en las próximas semanas al Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez, para su estudio y resolución.

Se trata de la segunda sentencia emitida por el juez mencionado en perjuicio del pueblo tzeltal de San Sebastián, dictada prácticamente en los mismos términos que la anterior, el pasado 30 de enero, revocada posteriormente por el Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo circuito.

El juez José del Carmen Constantino Avendaño soporta principalmente el sobreseimiento del juicio de amparo con documentos aportados por la Secretaría General de Gobierno, cuando su titular era todavía Noé Castañón León, quien ostentó el cargo desde el gobierno anterior hasta los primeros meses de la actual administración de Manuel Velasco Coello.

Aquella documentación consistía en una supuesta acta de asamblea de ejidatarios, fechada el 12 de febrero de 2011, objetada en tiempo y forma por Moreno Guzmán, pues no satisface el estándar internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas respecto de la consulta y el otorgamiento del consentimiento libre, previo e informado, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco satisface el debido proceso legal establecido por la ley agraria.

Ante la ineficacia del juicio de amparo para proteger el territorio de Bachajón, el 26 de mayo se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se solicitaron medidas cautelares para garantizar la integridad territorial del pueblo indígena. El 19 de junio, la CIDH notificó a los ejidatarios haber solicitado información al gobierno mexicano, otorgándole un plazo de 20 días para responder.

No obstante la ineficacia del juicio de amparo, ante la notoria falta de imparcialidad e independencia del juez, los ejidatarios advierten que agotarán todos los recursos legales internos para proteger su territorio.

El abogado de los indígenas destaca la contradicción entre lo expresado constantemente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, sobre la importancia de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional y los compromisos asumidos con organismos internacionales, “y la práctica de los jueces federales en los rincones más alejados y pobres, que se acomodan a los intereses de los grupos de poder político y económico, soslayando el derecho de los pueblos a la protección de su territorio.