ientras el Kremlin asegura sin sonrojarse que en Rusia se respeta la separación de poderes, cada vez hay más ejemplos que confirman que aquí la justicia se subordina al Ejecutivo.

En años recientes la impartición de justicia se ha convertido en un arma tan eficaz como amoral de la élite gobernante para encarcelar a sus adversarios bajo cualquier pretexto y, de unos meses a la fecha –con la promulgación de una polémica ley, inconstitucional según sus críticos–, para inhabilitar políticamente de por vida a figuras de la oposición, condenados también con acusaciones infundadas.

La Oficina de la Presidencia –desde donde se mueven los hilos de la política en Rusia– marca la línea que los operadores políticos locales transmiten a los jueces: quienes cumplen, reciben beneficios económicos y privilegios; quienes se atreven a rechazar la imposición, no duran mucho en el cargo.

El caso del empresario Andrei Shmakov es el episodio más reciente que muestra cómo un mismo artículo del Código Penal –el 190, que penaliza la evasión fiscal en gran escala– se aplica de distinta manera, dependiendo de si hay o no una motivación política adicional en la persecución judicial de un presunto culpable.

La corte del distrito moscovita de Presnia dictaminó que Shmakov no pagó impuestos por una suma equivalente, ni más ni menos, a mil millones de dólares, y por ese motivo lo condenó a dos años y medio de cárcel.

Tan leve sanción en relación con el daño causado al presupuesto de Rusia, dicen las malas lenguas, puede deberse a que Shmakov cometió el grave delito cuando su mujer, Kira Lukianova, en 2007 era diputada de una de las bancadas oficialistas en la Duma.

Shmakov, en teoría, podría eludir la prisión si, como establece el Código Penal como condición para cerrar un caso como el suyo, repone el dinero evadido, con intereses, y paga una multa.

El mismo artículo 190 se menciona en la sentencia del primer caso de la petrolera Yukos y, en contraste, Mijail Jodorkovsky y su socio Platón Levediev llevan 10 años en la cárcel desde su arresto en 2003.

Por evasión fiscal en gran escala, pero muy inferior a la de Shmakov, se acaba de condenar en ausencia a 9 años de prisión al presidente del fondo de inversión Hermitage Capital Management, William Browder, otro enemigo jurado del Kremlin.

Y por no pagar impuestos se declaró culpable a Serguei Magnitsky, en el surrealista juicio que se siguió contra este jurista fallecido cuatro años antes, sin otro propósito que descalificar sus denuncias de corrupción de altos funcionarios rusos.