A dos años y medio de la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, militantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, no ha habido ningún avance en las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, cuyas autoridades parecen estar apostando a que el asunto quede en el olvido.

Afirmó lo anterior Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien señaló que las desapariciones forzadas, los asesinatos y las extorsiones en aquella región siguen galopantes, como siempre, ante la inacción de los gobiernos estatal y federal.

Luego de que Bautista y Alarcón fueron secuestrados el 7 de diciembre de 2011 por un grupo de hombres que los hicieron bajar de un autobús que iba de Tecpan de Galeana a Chilpancingo, no ha habido ningún avance en las investigaciones para dar con su paradero ni para detener y procesar a los responsables, lamentó Rosales en entrevista con La Jornada.

Aunque Tlachinollan no tiene personalidad jurídica para acceder al expediente del caso, los familiares de los ambientalistas desaparecidos han relatado a dicha organización que la procuraduría local no ha hecho ningún tipo de búsqueda ni han definido una línea de investigación clara para encontrar a las víctimas con vida.

Parece que lo que quieren es tener un testimonio directo de alguien que les diga dónde están, pero eso no lo van a lograr sin un trabajo de investigación científica y técnica que el Estado sí podría realizar porque sabe en donde buscar. Parece más bien que le están apostando a que el asunto quede en el olvido, enfatizó el litigante.

Tras lo ocurrido con los activistas, añadió Rosales, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las extorsiones, entre otras actividades de los grupos de la delincuencia organizada siguen galopantes como siempre, sin que los cuerpos locales de seguridad se decidan a intervenir, lo que ha generado el surgimiento de múltiples agrupaciones de autodefensa y policías comunitarias.

Tras recordar que los ecologistas habían sido amenazados desde que comenzaron a trabajar en la zona de Petatlán y Coyuca de Catalán, el abogado manifestó que el índice de desapariciones forzadas en Guerrero es altísimo, pero no hay registros de esto porque la mayoría de las familias afectadas no denuncia.

Antes del caso de Eva y Marcial, recordó, ya había ocurrido el asesinato y desaparición de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, así como de Arturo Hernández Cardona y otros dos militantes de la Unión Popular, en Iguala, por lo que llamó al actual gobierno a investigar estos hechos y acabar con la impunidad.