Tlaxcala, Tlax., 4 de agosto.

Ante la apatía del gobierno estatal para solucionar la invasión de terrenos de la comunidad San Salvador Tepexco, municipio de San Pablo del Monte, propietarios afectados iniciarán una huelga de hambre hasta que se desaloje a paracaidistas poblanos que se han apoderado de alrededor de 40 hectáreas.

Cinco inconformes iniciarán su protesta el próximo jueves frente al palacio de gobierno en esta capital, y de no atenderse su demanda se sumarán cinco manifestantes cada cuatro días.

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Ciudadano Intermunicipal en Defensa del Territorio Tlaxcalteca, Héctor Joseph Cid, lamentó que los perjudicados tengan que recurrir al ayuno debido a la displicencia del gobierno estatal ante la demanda de desalojar a los casi 200 invasores, quienes ocupan los predios desde noviembre de 2012.

Iniciarán la huelga de hambre Santiago Martínez Valladares, Tomás Jiménez Rojas, Felícitas García Martínez, Isael Marcos Apango González y Ernesto Contreras Monarca, quienes, según Joseph Cid, “dicen que si de todos modos pueden morir defendiendo su propiedad a manos de los paracaidistas, pues mejor que sea frente al palacio de gobierno”.

Expuso que los 200 ocupantes asumieron una actitud violenta a raíz de que los expulsaron, en abril, en una operación que coordinó la policía de Puebla. Desde entonces no permiten a nadie subir al cerro, han golpeado a varios compañeros y a uno le incendiaron su casa, aseguró.

Los invasores se apropiaron de los predios con el argumento de que forman parte del territorio poblano y se los vendió el mismo Héctor Joseph, a quien acusan de fraude. Sin embargo, el aludido rechazó la acusación y sostuvo que no hay ni pruebas ni denuncia contra él.

Joseph Cid recordó que en abril, después de que integrantes del Consejo Ciudadano Intermunicipal se entrevistaron con el presidente Enrique Peña Nieto, se ordenó el desalojo de los paracaidistas, cuyo número ya se había duplicado para entonces. Pese a que se expulsó a los invasores, no se instaló vigilancia ni se aprehendió a los líderes, por lo cual retomaron los terrenos.

Añadió que pidieron la intervención del gobernador Mariano González Zarur, pero éste les respondió que ya se había solucionado el problema y yo no voy a estar cuidando sus terrenos.

Los gobiernos de ambos estados acordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine a qué entidad corresponde la comunidad.