Mexicali, BC, 4 de agosto.

El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad una reforma que obliga a los funcionarios a utilizar el lenguaje de manera correcta en sus mensajes a los ciudadanos.

En la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública se adiciona la fracción décima del artículo 5, a efecto de sancionar a los titulares de las dependencias del gobierno del estado, así como de los poderes Judicial y Legislativo, que publiquen “mensajes que utilicen de forma incorrecta el lenguaje, ya sea de forma hablada o escrita.

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, estipula el dictamen, cuya intención es que los responsables de las dependencias y entidades de la administración pública estatal emitan mensajes oficiales de manera clara y eficiente, sin vicios de lenguaje.

La iniciativa fue presentada por la hoy ex legisladora priísta Rosana Soto Agüero –actual delegada del programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social– y estuvo en estudio seis meses. Tras su aprobación fue leída en tribuna por el presidente de la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales del Congreso local, Juan Montejano de la Torre.

En la fundamentación de la reforma legal se ponderó que si bien la Constitución General de la República garantiza la libertad de manifestación de ideas y que la obligación del gobierno estatal es difundir su propaganda, programas y acciones oficiales, se debe hacer en estricto apego a los lineamientos expuestos en la ley.

El objetivo, dijo el diputado Montejano de la Torre, es limitar el alcance de la propaganda institucional de tal manera que con el uso correcto del lenguaje no se violenten los derechos de terceros ni se difunda información equivocada o malintencionada.