l Fondo Monetario Internacional acomoda sus muy conservadoras políticas de ajuste fiscal en un cajón mucho más grande que el de la ampliamente cuestionada teoría económica bajo la que sigue operando. Se trata en efecto de un verdadero ajuste social, de una ingeniería de las relaciones entre el capital, el trabajo y las finanzas públicas con efectos sesgados en contra de los asalariados. Hay que plantearlo abiertamente como lo que es.

El modelo se aplica en Grecia con nulos resultados para retomar el crecimiento de la economía. Se instauró también en Irlanda, en Portugal y en Chipre con gran costo y desgaste de la cohesión interna. España sigue en un severo atorón, con caída del producto y un altísimo desempleo que no cede ante las reformas estructurales que se han impuesto; entre ellas una reforma laboral legislada con alharaca por los diputados del Partido Popular, que no ha producido ningún mejoramiento en el mercado.

Ahora el FMI propone abiertamente a España bajar los salarios hasta en 10 por ciento para incidir sobre el déficit público. Este llegó a 11.2 por ciento en 2009 y se ha ido reduciendo hasta 7 en 2011 y la estimación es llevarlo a 6.7 en 2013. Pero ojo, que esto no incluye las enormes ayudas a los bancos y otras entidades financieras.

El déficit español estaba en los niveles aceptados por el FMI hasta antes de la crisis de 2008 y se ha disparado, precisamente, por el efecto de la fragilidad del sistema bancario y la quiebra y los fraudes en muchas entidades del sector, igual que en otras empresas; a eso se añade el descalabro del sector inmobiliario luego de un periodo de fuerte especulación.

La rebaja de los salarios nominales es equivalente a una devaluación interna del euro en España, que abarata los costos para intentar hacer más competitiva la economía y exportar más. Esto pone en evidencia la desestructuración del euro como moneda regional, hay euro de primera como el alemán, y de segunda como en España e Italia, y hasta de tercera como en Grecia y Chipre, donde ya no sirve siquiera para transferir recursos más allá de las fronteras nacionales.

Ese es el origen de las pautas del ajuste instrumentado por el gobierno español y que ha significado un bárbaro castigo social. Es ahí donde está el ajuste que se presenta como un conjunto de medidas técnicas centradas siempre en el déficit. Pero ese modo de gestión está cada vez más expuesto al castigo que se impone a la población en cuanto a la falta de empleo, a la significativa merma de los ingresos familiares aunada a la reducción de los servicios públicos.

El ajuste se impone sobre los jóvenes que, sin oportunidades de empleo remunerado, además tienen menos opciones para educarse en las universidades públicas, a las que se trata como meras cargas presupuestales sin miramiento de las consecuencias de mediano plazo para los individuos y la colectividad. Los jóvenes con preparación huyen a otros países.

Se trata pues de una real brecha entre generaciones, por un lado esos jóvenes desamparados y, por el otro, los mayores con menos recursos para el retiro. Todo esto ante la miopía y la ineptitud de quienes toman las decisiones en el gobierno, en el sector empresarial y en los sindicatos.

Según el FMI en su torre de cristal de Washington, los salarios deben bajar 10 por ciento en términos nominales, lo que implica que la inflación no suba, y se debe establecer un pacto para que las empresas se comprometan a crear más empleos. Un pacto de esa naturaleza es impensable en una situación de baja rentabilidad en los negocios y ante un ajuste de la demanda interna que, en el mejor de los casos, respondería de modo muy lento, si es que lo hace, con un precario balance entre más empleo con menores ingresos familiares. El tiempo no es un recurso ilimitado en una crisis de esta envergadura.

Un segundo paso en el proceso ideado por los técnicos del FMI es acompañar el ajuste salarial con una reducción de las pensiones, en el gasto educativo y en la sanidad para aflojar la presión sobre el presupuesto público y el déficit que aparece como un objeto obsesivo, aunque con mayor castigo social. Y, aún más tarde, aumentar la recaudación del IVA cuya tasa es hoy de 21 por ciento llevando los productos que tienen una tasa reducida (de 10 por ciento) a la tasa más alta.

Se trata, pues, de un verdadero circo de tres pistas y sin director que coordine a los domadores de tigres, los trapecistas y los payasos. Además, todo el proceso se extiende en el tiempo, en un marco de mucha incertidumbre y con un gobierno debilitado y una oposición sin un proyecto político alternativo y creíble. Es una ecuación idealizada no apta para las condiciones de alta tensión existentes en la sociedad española.

El FMI dice que todo esto tiene un atractivo teórico, aunque reconoce que su implementación es poco probable. Como si los españoles estuvieran para debates teóricos, sobre todo aquellos provenientes de un organismo internacional cuyos empleados y directivos tienen un empleo asegurado, un ingreso suficiente y muy generosos planes de pensiones. Esto es parte de la crisis política e intelectual que rodea a la fuerte y resistente crisis económica. Más recato y contención serían muy bienvenidos.