El gobierno federal interpondrá demandas penales contra quienes resulten responsables por la retención de un centenar de militares en El Pericón, municipio de Tecoanapa, Guerrero, y advirtió que no tolerará actos similares.

Fuentes de las secretarías de Gobernación (SG) y de la Defensa Nacional subrayaron que hay enojo e inconformidad muy fuertes en los altos mandos del Ejército por el trato que los pobladores de esa comunidad dieron a los soldados retenidos durante más de 24 horas.

Aseguraron que el hecho no quedará impune y exigieron que las policías comunitarias –desplegadas en al menos 10 municipios de la Costa Chica guerrerense– se conduzcan con orden. No es posible que transiten armados de un pueblo a otro sin que nada los regule y que sin más le falten al respeto a los militares, indicaron.

Tras una reunión en Gobernación, sostuvieron que la acción en El Pericón se debió a que los pobladores identificaron a un capitán del Ejército coludido con grupos criminales de la región.

Diálogo, sólo si se respeta a las instituciones del Estado

Ayer, el subsecretario de Gobierno de la SG, Luis Enrique Miranda, recibió por separado a líderes de las dos principales organizaciones comunitarias: Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg), liderada por Bruno Plácido, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, identificada con Eliseo Villar, entre otros.

En ambos encuentros estuvo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y se esperaba que fueran encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien no asistió porque se encontraba con el presidente Enrique Peña Nieto.

En el comunicado de la SG sólo se hizo alusión a la Upoeg. Los funcionarios dijeron, según el texto oficial, que atendieron a esta organización para hacerle saber que no se tolerarán actos similares y que habrá mesa de diálogo con ellos hasta que haya condiciones de irrestricto respecto a las instituciones del Estado mexicano.

Lo anterior, con independencia de las denuncias penales que procedan ante las autoridades competentes, con el propósito de que se castigue a los responsables de los hechos con todo el rigor de la ley, advirtió Gobernación.

Bruno Plácido, dirigente de la Upoeg, aseveró en entrevista que las autoridades federales no les pidieron deponer las armas y sostuvo que las policías comunitarias no están contra el Ejército: “sería una vergüenza que estuviéramos contra el Ejército (…) simplemente se le señala (a autoridades federales y estatales) que está el capitán –de apellido ‘Brom o Prom’– con sus vínculos (con el crimen) y el subsecretario se comprometió a hacer la investigación”, dijo.

Aseveró que están en completa disposición de transparentar la identidad –no portamos armas de uso exclusivo en el Ejército, dijo– y la ubicación de cada elemento de las policías comunitarias. Dijo que son más de 500 los agentes que operan en unos 10 municipios.

Plácido presentará el sábado ante la asamblea comunitaria de la Costa Chica la propuesta de la relación que debe prevalecer entre las policías comunitarias y las fuerzas armadas, aunque no dio detalles. Sólo dijo que se mantiene la seguridad en tanto no haya un pacto general.

–¿Entregarán las armas?

–No nos pidieron que entregáramos las armas, sino que analizáramos la situación de la inseguridad y que entreguemos una propuesta en los próximos días y sentarnos a dialogar nuevamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Simplemente se les señala el vínculo de aquella persona que utiliza el nombre del Ejército para proteger a la delincuencia; así que no es contra el Ejército sino contra esa persona en concreto.

En tanto, el gobierno federal manifestó su apoyo y compromiso con el de Guerrero para seguir implementando obras de carácter social y productivo, como anunció en su reciente visita el presidente de la República.

El mandatario estatal, se agrega en el boletín, expresó el reconocimiento del pueblo de Guerrero y de su gobierno a la labor social y de seguridad que ha venido brindando el Ejército Mexicano a los guerrerenses.