mplias zonas del país están sacudidas por violencia endémica. En diversas regiones la vigencia del estado de derecho es parcial o nula, los grupos criminales se mantienen en auge y proliferan las disputas entre bandas de la delincuencia organizada por el control de la producción de estupefacientes, las rutas para su comercialización y los mercados de consumo.
El ejercicio periodístico en ellas es una tarea difícil y de alto riesgo. Los periodistas viven permanentemente situaciones de peligro y zozobra. En tales escenarios, la incomprensión de las autoridades sobre la necesidad de informar a la sociedad acerca de esta violencia es un factor de riesgo adicional para los profesionales de la prensa.
Esta circunstancia se ha visto agravada aún más por la decisión gubernamental de tratar de minimizar u omitir la información oficial sobre enfrentamientos, capturas, homicidios y otros asuntos relacionados con la delincuencia organizada. Con ello pretenden achicar la percepción social sobre la violencia en el país, con la creencia –a todas luces errónea– de que de esa forma pueden restaurar la gobernabilidad, la seguridad y el estado de derecho en extensas regiones del territorio nacional.
Emitida como recomendación a las administraciones estatales y municipales, la política de modificar la narrativa sobre la violencia del narcotráfico, sin que ésta haya cambiado en la realidad, ha dado lugar a presiones desproporcionadas hacia la prensa en diversas entidades.
La difusión de noticias que registran la desmedida violencia criminal genera animadversión gubernamental hacia los periodistas que la registran, y en lugar de responder con apertura y comprensión a este trabajo, las autoridades reaccionan obstaculizando el ejercicio periodístico. Tratan de evitar que se difundan adecuadamente los hechos de sangre que ensombrecen el acontecer regional.
Esta situación es particularmente delicada en diversos estados. En varios de ellos los corresponsales han sufrido presiones indebidas. Por eso nos preocupa, entre otros casos, el de Alfredo Valadez Rodríguez, nuestro corresponsal en Zacatecas, quien ha sido objeto, desde hace dos años, de presiones, amenazas no muy veladas y hasta una maniobra de difamación en Twitter, agravadas durante la última semana. Esta casa editorial avala su labor y su profesionalismo.
Quienes están al frente de las instituciones no debieran percibir el desempeño de la tarea periodística como un ataque personal, y mucho menos como un afán por minar la gobernabilidad, la credibilidad o la economía de un municipio, de una entidad federativa o del país en su conjunto; no debieran, por así decirlo, confundir el mensaje con el mensajero. Por el contrario, los funcionarios públicos en general tendrían que cobrar conciencia de que la información puntual y oportuna no sólo es indispensable para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática sino también para la operación de las propias instituciones.
A pesar de los escollos y peligros que surgen en su labor cotidiana, los medios de comunicación deben de dar cuenta de lo que sucede. Con responsabilidad, están obligados a comunicar lo acontecido en forma veraz, contrastada y verificada. Si se equivocan, deben rectificar. Pero la información que proporcionan es una servicio que ofrecen a la sociedad y en ello les va su credibilidad frente al público.
La relación entre los informadores y el poder –siempre difícil y accidentada– debe estar normada por un grado razonable de civilidad y mesura. La prensa no puede renunciar a informar responsablemente sobre lo que sucede, por más incómoda que esa verdad le resulte a quienes gobiernan. La salud pública de nuestro país así lo demanda.
