a soberanía sobre los recursos naturales es una conquista histórica de la sociedad. No hay que olvidar 1938, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera, sin duda una de las decisiones más relevantes del México posrevolucionario. Pero los riesgos de retroceder, y de una total privatización de la industria petrolera han estado presentes, sobre todo desde que los gobiernos de las pasadas tres décadas asumieron las políticas de ajuste estructural, dictadas por las multinacionales e inspiradas en el neoliberalismo.
Entre las reformas previstas en el Pacto por México, la energética y la fiscal destacan por el impacto que tendrán en la economía nacional y familiar. Pero también en la soberanía. El artículo 27 de la Constitución indica que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, mientras el 28 señala que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerce en áreas estratégicas, como lo son petróleo y electricidad.
Hay que subrayar el peso que actualmente tiene el sector energético en la economía nacional, particularmente Pemex, pues aporta 35 por ciento de los ingresos federales y entrega al gobierno, vía impuestos, 70 por ciento de sus ganancias. Esto a pesar que la producción de petróleo ha caído en México, sobre todo en años recientes. De 2004 a 2012 se produjo en promedio 2.5 millones de barriles diarios, mientras la petroquímica nacional está prácticamente desarticulada y abandonada.
Ante las consecuencias que implican las reformas energética y fiscal, los tres partidos políticos que convinieron llevarlas al Congreso no deben aprobarlas sin antes tomar en cuenta a la ciudadanía que los votó, pero no les otorgó un cheque en blanco. Un signo de la democracia es gobernar con la participación social, sobre todo cuando se trata de decisiones de esa dimensión. La democracia participativa avanza, y hoy contamos con mecanismos diversos, como la consulta ciudadana, que se revela como el recurso ideal para saber qué pensamos los mexicanos.
Considerando que las reformas están comprometidas en el Pacto por México, que el PAN ya presentó la suya, que el PRI lo hará la próxima semana y que el PRD tiene una definición y premisas sobre los temas fiscal y energético, se justifica ampliamente la consulta a la sociedad. Además, en dos giras internacionales, antes de asumir la Presidencia, Enrique Peña Nieto habló de la necesidad de permitir mayor participación de capital privado en Pemex, y posteriormente ha reiterado que la modernización de la empresa requiere de inversión privada.
La iniciativa del PAN considera la inversión privada como condición para superar los déficit de la industria petrolera y prevé una reforma a la Constitución. El PRD presentará próximamente su propuesta. Ha dicho que descarta cualquier cambio a la Carta Magna, y pone énfasis en la modificación del régimen fiscal de la paraestatal. Preocupa en todo caso un escenario de negociación entre los partidos de cara a las otras reformas, como la política-electoral, que habrá de debatirse en el periodo extraordinario.
Si los partidos políticos reconocen el valor de la opinión ciudadana, el eventual madruguete de las reformas fiscal y energética no es aceptable. En tal sentido, la organización Alianza Cívica, con una larga trayectoria en ejercicios participativos en torno a decisiones de dimensión nacional, anunció el pasado 30 de julio una consulta pública ciudadana nacional, en convenio con el PRD, que tendrá lugar el 25 de agosto en la mitad de las entidades del país, y el primero de septiembre en el resto, para lo cual se instalarán más de 3 mil mesas receptoras coordinadas por comités locales.
Alianza Cívica y el PRD consideraron la conformación de un Consejo Nacional Ciudadano (CNC) autónomo e independiente, integrado por participantes de movimientos sociales, ciudadanos y académicos con conocimiento y prestigio en torno a los temas, o con experiencia en ejercicios democráticos participativos. Dicho consejo, presentado formalmente el 30 de julio, e integrado por más de 20 personas tiene importantes responsabilidades para acreditar los resultados de esta consulta, entre ellas: diseñar las preguntas, aprobar su imagen, promover la participación ciudadana en todo el país, evaluar su realización y presentar los resultados a la opinión pública.
Como responsable del proceso, Alianza Cívica recuerda que la consulta ciudadana es una forma de participación directa y un derecho irrenunciable de la sociedad. Uno de sus objetivos es promover, de cara a la incidencia política, un ambiente de debate sobre los grandes problemas nacionales. Por ello está desarrollando una campaña previa de información, y promoviendo espacios de diálogo, reflexión y deliberación.
Si bien esta consulta pública ciudadana nacional no cuenta con un carácter vinculante, tiene o debe tener un gran valor como referente del sentir de la población. Es un primer paso para que los partidos políticos escuchen y tomen en cuenta la opinión de la ciudadanía en los temas que se abordarán. Y, sobre todo, para que establezcan compromisos públicos y transparentes con las voces y causas ciudadanas.
Reformas como estas ameritan la consulta previa e informada de la población, por lo que la consulta prevé la realización de al menos seis foros públicos que ofrecerán información a la ciudadanía. La consulta pública ciudadana nacional sobre las reformas energética y fiscal es bienvenida. Se puede convertir en otro ejemplo de gobernabilidad democrática, siempre y cuando los integrantes del consejo y la población hagan valer su postura, ejerzan presión sobre los partidos políticos y definan una ruta para procesar lo que la ciudadanía considera pertinente para el país.
