nrique Peña Nieto, finalmente, pospuso el envío de su iniciativa de reforma energética, que debía haber presentado el pasado miércoles, según anunciaron él mismo y Emilio Gamboa, para esta semana. El hecho dio lugar, de inmediato, a diversas especulaciones en torno al contenido de la propia reforma y al hecho mismo de la posposición. Según declaró Peña Nieto con posterioridad, todavía debía afinarla y ponerla a buen punto. Se dijo, entre muchas otras versiones, que los representantes de los partidos en el Pacto por México habían pedido al presidente que aplazara la presentación. También se afirmó que a Peña le faltaba poner de acuerdo a ciertos sectores priístas que no estarían en favor de que se modifique la Constitución.

Es difícil saber, desde afuera, qué es lo que hay en el fondo. De lo que no puede caber duda es de que Peña Nieto está pasando por un verdadero alud de presiones de toda índole que le dificultan tomar resoluciones ciertas en su proyecto de reforma. Los empresarios, a los que todo adivina que la reforma va a favorecer en primer término, no han dejado de impulsar sus intereses y empujar hacia una apertura total de la industria petrolera. Se dice que ya le han presentado al mandatario priísta una iniciativa propia de reforma energética en la que abogan, ante todo, por que se brinde la más total seguridad jurídica a los posibles inversionistas privados.

La reciente enajenación que el Consejo General de Pemex hizo de 60 por ciento de los activos del complejo de Pajaritos a la empresa MexiChem, desde luego, ha estimulado el apetito petrolero de los privados y podría ser una pauta a seguir en el futuro para la apertura de la industria nacional: ceder los activos de los complejos de Pemex o, de plano, enajenar ramas enteras de la cadena productiva y distributiva. Los empresarios, en todo caso, están presionando para que se les hagan nuevas entregas y exigiendo que se limpie de obstáculos su participación en la explotación de los hidrocarburos. Curiosamente, sus presiones no tocan casi el estatus de la CFE.

De darse la apertura tal y como la desean los grandes empresarios, en el campo de la petroquímica tendremos grandes sorpresas. Alejandro Llovera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química, externó que si las modificaciones legislativas garantizan el suministro de insumos para ese sector, habría una inversión anual de 10 mil millones de dólares. “Tenemos que ser autosuficientes –dijo–, no podemos seguir dependiendo del extranjero; si se plantea una reforma energética que garantice que los privados entren en aquellos rubros donde Pemex no tiene dinero para explotar y generar, las inversiones resultantes (en la industria química) podrían ser del doble o del triple de lo que hoy son” (Reforma, Negocios, 7.VIII.2013).

Es la zanahoria que la oligarquía ofrece siempre al Estado: si se le dejan las puertas abiertas en los energéticos se detonarán las inversiones privadas y todos estaremos en jauja. Incluso el aumento de la decadente producción petrolera se hace depender de tales inversiones. David Enríquez, abogado de la firma Goodrich and Richelme, por ejemplo, afirma que para aumentar la producción en unos 14 años de 2.6 a 3.1 millones de barriles diarios se necesitan más de 30 mil millones de dólares anuales de inversión y, si se quisiera llegar a 4 o 4.5 millones de barriles diarios, se necesitarían más de 100 mil millones de dólares anuales (misma fuente).

Todo ese dinero, por supuesto, es lo que la iniciativa privada ofrece. Es su apuesta. La demanda, en contraprestación, por supuesto, es alta: no se trataría solamente de abrirse a las inversiones privadas, sino de ceder, mediante concesiones constitucionalmente legitimadas la riqueza petrolera a los empresarios interesados. Es el contenido de la iniciativa del PAN que comenté el domingo anterior. Ya no se trata de firmar simples contratos, aunque éstos sean de riesgo, para permitir a los privados el acceso a la industria. Como en la minería, se trata de entregar enteros trozos de la cadena productiva y a perpetuidad a todos los que tengan dinero para ocuparse de ellos.

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), que agrupa a empresas como Bimbo, Telmex, Exxon Mobil y British Petroleum, presentó hace días un documento intitulado México ante la revolución energética, en el que se plantea el problema. La industria se puede mejorar en todos los aspectos y se hacen votos porque la iniciativa de Peña Nieto privilegie el fortalecimiento de Pemex, permitiéndole la explotación de los yacimientos petroleros que hoy tiene y asociarse con empresas privadas, mejorar el gobierno corporativo, la regulación a que está sujeta y sanear sus finanzas (incluido el enorme pasivo laboral).

El tema de las concesiones, que implican entregar todos los rubros que sean necesarios a los privados, empero, es crucial. Andrés Rozental, co coordinador del grupo de trabajo de Energía de Comexi, es terminante: Si no hay posibilidad de concesiones, es imposible pensar que estas empresas [las privadas] se interesen en invertir en México. Para el directivo de Comexi, de no aprobarse cambios constitucionales y nuevos modelos de contratos, tampoco habrá participación extranjera o nacional, pues se daría una controversia que les restaría certidumbre jurídica a las inversiones (Reforma, Negocios, 6.VIII.2013).

La pregunta que se impone es: antes las presiones de los privados y de la derecha en general (como lo acabamos de ver con el PAN), ¿hasta dónde llegará la iniciativa de Peña Nieto en lo tocante a las concesiones y, por consecuencia, en la reforma del artículo 27 constitucional? Muchos priístas, aunque en privado, se han manifestado abiertamente en contra de las concesiones, que implican dar en explotación y usufructo un bien, y sostienen que la iniciativa presidencial no dará pie a las mismas. Muchos otros, tal vez la mayoría, en cambio, están a rabiar porque se abran totalmente las puertas del sector energético a los privados. Peña Nieto parece decidido a introducir cambios en la actual redacción del 27, para modificar el régimen de contratos y redefinir la figura del contrato de riesgo.

Según eso, se considera que lo que hasta hoy ha habido, incluidos los contratos incentivados de 2008, han sido sólo contratos de servicios, cuya característica es que cuando los particulares ayudan a explorar zonas petroleras y no encuentran petróleo no corren ningún riesgo y sólo el gobierno los sufre. Ahora se trataría de contratos en los que tanto los privados como el ente público comparten riesgos y beneficios. Si a ello se redujeran los cambios, como puede deducirse, serían de meras palabras, porque la realidad es que ya ese tipo de contratos, más o menos maquillados, se vienen haciendo desde antes de 2008 y la llamada reforma energética sería algo parecido a un parto de los montes.

Ni a quien creerle. Tendremos que esperar a que el presidente priísta diga la última palabra para esclarecer el misterio.