os resultados de la encuesta del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), realizada a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) mayores de 60 años sobre su intención de jubilarse durante los próximos seis años muestran que sólo 18 por ciento piensa hacerlo. La principal razón es la pérdida de sus ingresos por estímulos y también de las prestaciones, como el seguro médico privado.
Esto pone de manifiesto una serie de problemas muy importantes, que tiene su raíz en las transformaciones de las universidades públicas durante las décadas pasadas. Destacan dos problemas principales: la creciente importancia del SNI y otros estímulos en la integración del sueldo de los académicos y el congelamiento casi total de las plazas en ese sector.
Esta combinación resulta explosiva y se expresa, entre otras cuestiones, en la pérdida, innecesaria y dañina, de las nuevas generaciones de investigadores-docentes altamente calificados con doctorados e incluso posdoctorados.
Mucho se ha escrito en la literatura internacional sobre la fuga de cerebros
de académicos y profesionistas hacia los países centrales que se ahorran la inversión educativa y atraen a los mejores extranjeros para cubrir sus déficits y eventualmente bajar los sueldos de este tipo de recursos humanos.
En nuestro caso ocurre al revés. En México se promueve la expulsión de cerebros
al negarles la posibilidad de integrarse a las universidades o en el caso de los profesionistas, por ejemplo, a los servicios de salud u otros ámbitos de servicios sociales, a pesar de la falta que hacen.
Todos los años hay movimientos de rechazados de las universidades públicas ante la imposibilidad de éstas de contratar nuevos profesores. Todos los años los científicos exigen un incremento de los recursos para la investigación. Todos los días se niega el acceso a los servicios públicos de salud por falta de médicos y enfermeras.
Otro tema que el estudio del FCCT revela es la pérdida de solidaridad entre colegas y el surgimiento del individualismo como valor dominante entre los investigadores.
Esto se debe en buena medida a la exacerbación del elitismo y del sentido de privilegio particularmente en las universidades con la aceptación de puntismo
, que ha generado una perversión en el trabajo académico. Es el triunfo cultural de la derecha en las universidades, que paradójicamente se expresa en la subordinación de la calidad del trabajo académico a los criterios cuantitativos de evaluación.
Este contexto ha fomentado estrategias múltiples para lograr los puntos
a pesar de la resistencia original de la comunidad académica. Algunas de ellas son: artículos con numerosos autores, la subdivisión de los resultados de una investigación en muchos artículos, la articulación de redes de citación, la aceptación acrítica de un formato de publicación rígido, la proliferación de revistas que cobran por publicar, la venta de reconocimientos de excelencia
de asociaciones oscuras, etcétera.
Ante esta situación urge una evaluación de la calidad del trabajo académico en sus facetas de investigación y de docencia. Un aspecto obligado en esta evaluación sería analizar los aportes que se han hecho a la solución de grandes problemas nacionales.
La solidaridad entre los académicos ha sucumbido a una visión elitista de los incluidos
que parecen estar atrapados en la ideología meritocrática de la sociedad, en la que la desigualdad e inequidad se explicaría por la superioridad de unos sobre otros en cuanto a su desempeño e importancia, por lo que merecerían estar entre el 5 o 10 por ciento con mejores ingresos del país. La falacia de tal suposición aparece precisamente ante los miles de académicos excluidos a raíz de la política socio-económica de los pasados 30 años.
Lo que se requiere no es buscar formas para jubilar en mejores condiciones a los académicos, sino impulsar una política de aumento salarial y redistribución del ingreso. Si, como demuestra Boltvinik, 80 por ciento de los mexicanos vive en la pobreza relativa o absoluta, no es solventando las jubilaciones de los académicos como se soluciona el problema.
Y en el contexto de una política redistributiva, el mejoramiento y ampliación de los servicios públicos desempeñan un papel central, lo que depende de la creación de las plazas necesarias para que las instituciones puedan ofrecer los servicios requeridos y fortalecer la investigación. Tal política permitiría, además, detener la expulsión de cerebros y devolvería la dignidad solidaria a los propios académicos.
