Madrid, 14 de agosto.

La secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, negó hoy ante el juez de la Audiencia Nacional de España, el supuesto financiamiento ilegal, que mantiene esa organización conservadora así como la existencia de una contabilidad oculta o que sus miembros recibieran pagos no declarados, como señaló el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.

En calidad de testigo, de Cospedal negó ante la justicia las numerosas irregularidades que se investigan, desde el pago de sobresueldos ilegales a la cúpula dirigente, incluido el mandatario Rajoy, hasta el trasiego de sobres repletos de dinero negro que se utilizó para financiar campañas proselitistas vulnerando la legislación electoral y el principio de equidad que exige un proceso electoral.

La actual presidenta autonómica en Castilla La Mancha se mantuvo fiel al guión fijado por el presidente español, Mariano Rajoy, y negó cualquier tipo de veracidad a las acusaciones y pruebas documentales en su contra, presentadas por Bárcenas, actualmente encarcelado por el magistrado de la Audiencia Nacional de España, Pablo Ruz.

De Cospedal es la tercera dirigente en comparecer ante la justicia en esta semana, después de que el pasado martes prestaron testimonio Francisco Álvarez Cascos, ex vicepresidente del gobierno durante la gestión de José María Aznar, y Javier Arenas, también vicepresidente y actual vicesecretario general del PP, quienes señalaron al equipo de contadores y tesoreros del partido como los únicos responsables de fiscalizar y organizar el dinero que llegaba procedente de empresarios de la construcción, beneficiados con contratos públicos adjudicados por dedazo.

Bárcenas está en la prisión de alta seguridad de Soto del Real desde hace un mes y medio y desde entonces ha ido entregando a la justicia documentos originales de la supuesta contabilidad secreta del PP, que él mismo elaboró y con los que pretende justificar el desvío de más de 60 millones de euros que fueron localizados en cuentas en Suiza a su nombre, además de filtrar una serie de pruebas testimoniales sobre su relación con el PP, con Rajoy y con los principales líderes de la derecha española, quienes le respaldaban hasta hace solo unos meses, más de tres años después de que fuera imputado por graves delitos y dos meses después de que la policía le acusó de fraude y de desvío de dinero público. Una de las pruebas de este apoyo fueron una serie de mensajes que se intercambió con Rajoy y que la propia presidencia española reconoció como auténticos, en los que el mandatario le escribió palabras de ánimo y le aseguró que le apoyarían en el proceso.

Una de las pruebas más graves presentadas por Bárcenas fueron unos recibos en los que el número dos del PP de Castilla La Mancha y principal colaborador de de Cospedal reconoció haber recibido 200 mil euros que después no figuraron en la contabilidad legal del partido y que se habrían utilizado para la campaña de de Cospedal de cara a la presidencia de la autonomía.

Según la versión de Bárcenas, este dinero fue la mordida que pagó un empresario para que le fuera adjudicada la recolección de basura de Toledo en los próximos 40 años.

El magistrado impidió que tanto la fiscalía como la acusación particular le preguntaran a la dirigente del PP sobre esta cuestión, al sostener que era un testimonio que no procedía en la investigación.

De Cospedal también negó estas acusaciones, dijo que todo son insidias de Bárcenas , a quien ahora en el PP se refieren como el delincuente, el estafador o el ladrón. De Cospedal también negó haber recibido sobresueldos de 45 mil entre los años 2009 y 2010 y aseguró que la salida de Bárcenas del PP fue un asunto en el que ella no intervino, sino que fue un acuerdo que rubricó con Rajoy y Arenas en el 2010.

Por otra parte, a las puertas de la Audiencia Nacional de España se congregaron dos grupos de manifestantes, motivados por razones opuestas. Por un lado había decenas de jubilados que fueron estafados por los bancos con la connivencia de los partidos políticos en la llamada estafa de las preferentes, y que siempre se congregan ante la justicia cuando comparece alguien con eco mediático para mantener viva su causa. Ellos reclaman justicia a la estafa que se llevó por delante sus ahorros de toda la vida y en muchos casos hasta sus hogares.

Del otro lado había un grupo de militantes y simpatizantes del PP de Castilla La Mancha, que se trasladaron desde ese región hasta Madrid para expresar su apoyo a su líder. La policía mantuvo alejados a los dos grupos, lo que no evitó que los jóvenes del PP se mofaran y hasta insultaran a los jubilados estafados, lo que desató una ola de indignación contra las juventudes conservadoras y la escasa sensibilidad social de su partido.