El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, afirmó que debe realizarse una consulta nacional sobre la reforma energética para que se debata de manera responsable. Explicó que el martes por la noche los gobernadores de izquierda y el presidente del PRD, Jesús Zambrano, se reunieron para analizar la propuesta en la materia que este partido presentará el próximo lunes.

El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, convocó al presidente del PRI, César Camacho, a debatir sobre el petróleo y afirmó que la iniciativa de reforma energética del gobierno federal es totalmente privatizadora de las industrias de petrolera y eléctrica.

Por otra parte, el analista del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Francisco Lelo de Larrea, indicó que si se aprueba la reforma, con los contratos de utilidad compartida y permisos para que capital privado participe en petroquímica básica, refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, se atraerán a México inversiones de 50 mil millones a 70 mil millones de dólares anuales.

En tanto, la coordinadora de la campaña Energía y Cambio Climático de Greenpeace, Beatriz Olivera, dijo que la iniciativa gubernamental va contra la Ley General de Cambio Climático y está lejos de ser verde, ya que apuesta por la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas y de gas shale, opciones que tendrán alto impacto social, económico y medioambiental.

A su vez, Bettina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, y Raymundo Regalado, de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán, coincidieron en que es falso que la generación de energía eléctrica por empresarios vaya a dar como resultado tarifas más bajas, como aseveró el presidente Enrique Peña Nieto, lo que se ha demostrado con la imposición de empresas eólicas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Mancera indicó que entre los gobernadores de izquierda existe el compromiso común de estar atentos e impulsar la propuesta que presente el PRD. Agregó que él y los mandatarios perredistas analizarán con toda responsabilidad las iniciativas de reforma energética presentadas por Peña Nieto y el PAN.

No aprobar la reforma, solicita la ALDF al Congreso

La mayoría perredista en la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un punto de acuerdo por el que se solicita al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa energética del gobierno peñista, porque es evidente que su objetivo es el desmantelamiento gradual de las empresas estatales propiedad de la nación y la privatización de sectores estratégicos de Pemex.

Batres Guadarrama, en tanto, lanzó una pregunta al gobierno de Peña Nieto: ¿Por qué quiere compartir con empresarios la renta de los hidrocarburos? Interrogante retórica a la que respondió: “Por la corrupción de la oligarquía. Quieren hacer grandes negocios para quedarse con una tajada de la ganancia del petróleo. Lejos de beneficiar a la población –agregó al dar inicio a una campaña de información sobre el tema– la propuesta gubernamental afectará a los ciudadanos, en particular a la clase media, pues para compensar los recursos que se dejaran de percibir por la explotación del crudo se pretende aumentar impuestos”.

La secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Claudia Elizabeth Bojórquez, afirmó que la propuesta de Peña Nieto apunta a la privatización del petróleo. Explicó que el PRI modificó recientemente sus estatutos para avalar la modificación del artículo 27 constitucional, el cual especifica que la riqueza del subsuelo es de uso exclusivo de la nación.

Por separado, Lelo de Larrea calificó de acierto que en la iniciativa de reforma del gobierno se haya recurrido al texto original de la Constitución y que se promueva la modificación de los artículos 27 y 28 para introducir los contratos de utilidad compartida, pues eso dará certidumbre a los inversionistas y fluirán las inversiones, contrario a lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón con los contratos de incentivos, cuya constitucionalidad siempre estuvo en duda.