Un grupo de 30 organizaciones del estado de Guerrero, fundamentalmente empresariales, y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, pidieron la intervención del gobierno federal para restablecer el estado de derecho en el municipio de Chilpancingo y en la entidad.

En conferencia de prensa en la ciudad de México, los representantes de organizaciones guerrerenses hicieron pública una carta que enviaron al presidente Enrique Peña Nieto, a quien pidieron que se actúe ante la acción que grupos criminales perpetran en Chilpancingo.

En la misiva se incluyeron cuatro demandas, entre ellas que se despliegue a la brevedad posible una fuerza federal que erradique del municipio a los grupos criminales y su esquema de extorsiones, secuestros y robos, así como limpiar el parque vehicular del transporte público que impunemente circula.

También demandaron que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza atracción en los casos de secuestro y extorsión (...) y ejecute la acción penal contra los responsables de delitos, sin cabida alguna para la impunidad. Además, solicitaron que se investigue y ejerza acción penal contra los servidores públicos municipales, estatales y federales que han brindado protección a los grupos criminales o han incurrido en negligencia y son responsables, por omisión, de la grave situación aquí denunciada.

El documento fue firmado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, conformado por 30 organizaciones sociales, al igual que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Mientras los habitantes de Chilpancingo contribuimos al desarrollo del país además de la generación de empleos y pago de impuestos a las autoridades legítimas, a la par somos obligados a tributar al sistema de recaudación criminal bajo la amenaza real de secuestro, tortura, asesinato o la destrucción de nuestras propiedades. Casi nadie se salva del cobro de piso, anotaron.

Explicaron que el cobro periódico de cuotas por parte de grupos criminales plenamente identificados por ciudadanos es conocido por autoridades que brindan protección, información e impunidad a los delincuentes.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero sabe exactamente lo que ocurre, pero carece de la más mínima voluntad política para cumplir con su obligación como gobernante. Ello lo aseguramos después de las denuncias que le hemos presentado y los señalamientos puntuales y directos que le hemos hecho en las reuniones con él sostenidas sin tener acciones y resultados tangibles, acotaron.

De igual manera consideraron imposible que los funcionarios federales asignados para resguardar la seguridad en Guerrero, sean de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal, de la 35 Zona Militar o del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, no sepan lo que pasa en Chilpancingo y piensen que es suficiente exhibir convoyes de hasta 60 camiones y tanquetas militares que como las camionetas de la Policía Federal, sólo realizan recorridos turísticos.

En respuesta, el presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, rechazó que su gobierno esté rebasado en materia de seguridad, y sostuvo que se refuerzan actualmente las calles con patrullajes e implementan una estrategia para bajar los índices delictivos, que se negó a revelar por cuestiones de logística.

Con información de Sergio Ocampo y Notimex